Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.
“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.
Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.
“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”
En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.
Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.
Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.
Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.
Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:
“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.
Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.
Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga
Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.
¡NI UN MUERTO MÁS! PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:
1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.
2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).
3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.
4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.
5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.
6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.
Lima 23 de abril del 2015
Secretaría Ejecutiva Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que hubo «un desborde» de parte de agentes de la Dinoes enviados a Islay desde Lima. (Foto: El Comercio)
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que «evidentemente» un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María, como denunciaron videos recientemente difundidos.
“Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó esta tarde a Canal N el alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.
Son agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima los que se encuentran desde hace cuatro días en Arequipa, quienes además estuvieron en la zona del puente Pampa Blanca, donde murió un manifestante tras desangrarse a causa de un impacto de bala en un glúteo.
Según adelantó Pérez Guadalupe, ese grupo de la Dinoes relevó a efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), pero “ya está siendo relevado”, porque “ha habido un descontrol total”.
“Cuando va el equipo de Dinoes, hay un fusilero por cada diez efectivos. Pero ese fusilero que tiene un AKM tiene el permiso para portar el arma, pero no para usarla. Para hacerlo necesita la orden expresa del jefe de operaciones, en este caso es un comandante”, detalló el ministro.
Cabe recordar que el Mininter había prohibido que los agentes usen armas letales en la zona. «HUBO DESBORDE DE LOS DINOES»
“Es el mismo grupo de Dinoes de Pampa Blanca. Queda claro que donde ha habido un desborde, un desorden de lo que se había indicado es en este grupo que ya estamos relevando por partes, porque está yendo recién gente de Arequipa. Son 280 efectivos de Dinoes de Lima que vamos a traer otra vez. Tenemos que hacer una evaluación más profunda del accionar de los Dinoes”, sentenció finalmente.
Más temprano, el director de la PNP, Jorge Flores Goigochea, anunció que se realizará una investigación para que se impongan las sanciones que correspondan.
«El video de MollendinosTV-Islay TV muestra la corrupción de la policía y de ciertos colegas», dice Rocio Silva Santisteban.
Por: Alberto Ñiquen
Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.
Sí, nos referimos a la noticia publicada ayer, 23 de abril, en el diario Correo, del Grupo Epensa, y que ahora forma parte del Grupo El Comercio. El diario tildaba a quienes protestaban contra el proyecto Tía María de violentistas y de portadores de ‘armas letales’, y publicó fotos de supuestos ataques a los policías. ‘La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros’ tituló la sucursal de Arequipa del
diario.
La nota que acompaña las fotos no deja dudas: los protestantes son violentos, iracundos, antimineros. Al redactor no le importa averiguar sobre la muerte de Victoriano Huayana, sino enfocarse en los opositores al proyecto según el interés policial.
Afortunadamente, esta versión es contradecida por el video de un reportero de MollendinosTV-Islay TV que estaba en lugar de los hechos el 22 de abril subió a Youtube. Tras ver lo ocurrido la indignación ha invadido las redes sociales.
Veamos, cómo se criminaliza a Antonio Coasaca Mamani (aunque algunos medios lo han nombrado Antonio Cuba).
Pero este segundo video también muestra el abuso de poder. Aquí el agredido es el agricultor Víctor Tobar Choque.
CRIMINALIZACIÓN
Lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado. «Un sembrado de pruebas tan evidente de parte de un Dinoes es la verificación de denuncias que nosotros, la misión de la CNDDHH y Red Muqui que fuimos a Cocachacra la semana pasada, habíamos recogido», dice Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aLaMula.pe.
Silva Santisteban se refiere a los testimonios de tres pobladores, uno de ellos menor de edad, que denunciaron a la PNP de sembrarles piedras en los bolsillos y hasta una honda. «Esto es irregular y es una práctica que no debe permitirse. Si la PNP tiene un protocolo que debe respetar con delincuentes, lo debe hacer mucho más con personas que solo protestan por su agua. Lamentablemente este gobierno ha dado una suma de leyes (Ley 30151, entre otras) que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP», señala.
OBSÉRVESE QUE EL AGENTE DE LA DINOES, ADEMÁS DE ESTAR CON EL ROSTRO SEMICUBIERTO NO ESTÁ IDENTIFICADO.
Para ella, la publicación periodística no es un caso aislado: «Obviamente no es un desliz: es algo armado. Fíjate que el fotógrafo tiene la cara tapada y no se ve que haya en ese momento gas pimienta o bombas lacrimógenas. Eso es un delito y debe de ser sancionado. Además el tercero civilmente responsable es Correo. Si no tienen normas éticas claras para su personal, que se atengan a las consecuencias. Si fuera directora de un periódico, yo los despediría inmediatamente: están inventando la noticia. Pero, además de eso, con su actitud de maldad banal, que no saben calibrar, están perjudicando a una persona que podría ir cuatro años a prisión si es que no se hubiera descubierto».
MollendinosTV-Islay TV produjeron un video tan pedagógico sobre la corrupción de la policía y de los ‘coleguitas’, dice la representante de la CNDDHH.
¿QUÉ DICE LA POLICÍA?
Hoy el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, anunció que luego de la difusión de dos videos con imágenes de agentes haciendo abuso de su autoridad ha ordenado al inspector general de la institución una exhaustiva investigación para sancionar a los culpables.
Flores Goicochea afirmó que las imágenes le han causado mucha indignación y que todas las acciones que ameriten sanción serán denunciadas penalmente.
Los responsables de golpear a un manifestante ya detenido y de ‘sembrar’ un objeto punzocortante a otro serán investigados por el Fuero Militar Policial por desobediencia y también deberán afrontar la denuncia penal que corresponde, agregó.
El ministro
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que «evidentemente» un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido. “Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó y consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.
¿Y EL DIARIO CORREO?
El diario ha anunciado que sancionará al redactor y al fotógrafo, y resaltó el hecho de que su versión central, la de Lima, no informó de la misma manera que su sucursal.
¿Y si no hubiéramos visto este video? Antonio y otros estarían encarcelados y hasta tal vez golpeados. De hecho, no es un caso aislado ni la primera vez que hay un abuso de autoridad. Si bien lo anunciado por la PNP es lo menos que puede hacer la institución, es también un ejemplo de cómo el Estado recurre a la criminalización de las protestas sociales con el propósito de intimidar a quienes reclaman sus derechos.
Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María. Captura: Mollendinostv Islaytv.
El Ministerio del Interior tiene que responder por esta denuncia.
Las protestas contra el proyecto minero Tía María en la región Arequipa continúan. Hay cuatro fallecidos, además de heridos y detenidos de ambos bandos, mientras que una denuncia en video muestra cómo un miembro de la Policía Nacional “siembra” a uno de los manifestantes un metal que puede emplearse como arma punzocortante.
El video, subido al canal YouTube Mollendinostv Islaytv, muestra cómo dos miembros de la PNP cargan de los brazos a un hombre. Hacia ellos se dirige otro policía, con el rostro cubierto, quien le coloca al detenido un objeto en la mano derecha. Luego alza la extremidad, lo cual es captado por un fotoperiodista de diario Correo.
Foto: Correo.
El mencionado diario informa así: “En una de las imágenes se puede ver a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante.” El video de Mollendinostv Islaytv señala que el medio de comunicación actuó con injusticia.
En su artículo, Correo muestra fotografías de varios manifestantes con los rostros cubiertos que emplean hondas y piedras.
Para finalizar, transcribimos parte del diálogo entre el policía que sembró el metal y el detenido:
Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011
– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.
Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.
EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.
Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.
Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.
Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.
El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.
Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.
Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.
“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.
Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.
La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.
Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.
Luego de 4 años de haber sido presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga de Yanacocha, nuevamente la empresa minera ha presentado ante el Ministerio de Energía y Minas una segunda modificatoria al EIA presentado inicialmente. Este EIA ha sido presentado el pasado Abril de 2014, si se preguntan si lo hizo Knight Piésold pues están equivocado, en esta oportunidad le toco ser elaborado por empresa consultora Schlumberger Water Services.
Para iniciar, varios pensaran que el estudio presentado solamente contempla que minera Yanacocha solo explotara el sector Chailhuagón, zona que ya se cuenta con el muy famoso “reservorios naturales”, pues están equivocados; el EIA no contempla si habrá un tajo abierto más o un tajo abierto menos, que es lo que generalmente se estaba rumoreando, si recordamos el pasado “XI Simposium del Oro”, el CEO de Minas Buenaventura, Roque Benavides manifestó que “Minas Conga sería más pequeño que el proyecto inicial para sacarlo adelante”[1] (Gestión, 2014), por lo tanto el presente EIA por si solo desmiente al CEO de Minas Buenaventura. Abra que preguntarle a Roque Benavides, a que se refería cuando dijo que sería “más pequeño”.
EL EIA
De las 1427 páginas que cuenta el cuerpo textual (sin imágenes adicionales, mapas y anexos), el capítulo que nos interesa es el número 4 denominado con el título “Descripción de la segunda medicación del proyecto” donde mencionan que habrá cambio en los siguientes puntos:
Instalaciones de mina.
Tajos Perol y Chailhuagón: Versión actualizada del diseño de las dimensiones finales de los tajos y del plan de minado.
Depósitos de desmonte Perol y Chailhuagón: Actualización del diseño.
Instalaciones de procesamiento.
Depósito de material ROM: Ampliación de la instalación
Circuito de chancado primario: Reubicación de la instalación en el área del depósito de material ROM.
Sistema de transporte de mineral chancado: Reconfiguración sobre su misma ubicación original.
Planta concentradora: Reconfiguración de la planta, adición de cuatro espesadores y ajustes en el proceso.
Instalaciones de manejo de aguas.
Estructuras de conducción y derivación: Reconfiguración de parte de los trazos de los canales y tuberías producto de las nuevas instalaciones de la presente Modificación y de la optimización del manejo ambiental del proyecto.
Sistemas de almacenamiento temporal: Cambio del tanque de aguas ácidas por una poza de almacenamiento de aguas ácidas en el depósito de material ROM.
Plantas de tratamiento: Inclusión de una planta de tratamiento de agua residual doméstica en el área de cambio de turno, reubicación de la planta de tratamiento asociada al taller mecánico e incorporación de un sistema opcional de ósmosis inversa complementario a la planta tratamiento de agua de exceso.
Instalaciones auxiliares.
Depósitos de material orgánico e inadecuado: Reconfiguración del esquema de almacenamiento.
Infraestructura para actividades administrativas: Reubicación de algunas instalaciones.
Instalaciones auxiliares de mina: Reubicación del taller mecánico.
Infraestructura de manejo de productos especiales y residuos: Reubicación de la estación de combustible permanente cerca al área del circuito de chancado primario.
Accesos, caminos internos y corredores: Reconfiguración de algunos trazos de las vías.
Infraestructura de soporte: Inclusión de un área de cambio de guardia.
Con lo mencionado anteriormente, nos deja claro la idea que el proyecto tal como ha sido planteado al inicio se mantiene; las variaciones que habrá según “ellos” será para mejorar la calidad ambiental, minimizar los impactos en las cabeceras de cuencas afectadas y posiblemente dirán para reducir costos, ese será el discurso en las próximas semanas por parte de todos los que piden su viabilidad.
Varios se preguntaran si las 92 000 TM/día de roca a extraer de ambos tajos será reducirá o aumentara, la respuesta es simple no habrá ningún cambio más bien se mantendrá, tal como se planteó en el EIA de Conga presentado en el 2010. Como sabemos el proyecto Conga, dependería mucho de su producción del material extraído de los tajos Perol y Chailhuagón, de la cual en el EIA presentado este abril de 2014, considera modificaciones al tajo respecto al área, nivel más bajo en el tajo y cantidad de material a extraer; cabe recalcar que las modificaciones son mínimas y no afectarían en mucho al proyecto, en el siguiente cuadro comparativo se puede observar los cambios en el planteamiento de la construcción de ambos tajos.
Fuente: 2da modificatoria del EIA de Conga, Schlumberger – 2014.
Como podemos leer las áreas de ambos tajos (Perol y Chailhuagón) no se reducen más bien aumentan en 3 y 4 hectáreas respectivamente, pero en las profundidades respecto al tajo el Perol este disminuye en 15 metros mientras el tajo Chailhuagón se mantiene; debido a la reducción de la profundidad del tajo Perol pese a haber a un aumento en el área, la cantidad de material a extraer será de 766 MT, en cambio del tajo Chailhuagón aumentara de 379 MT a 406 MT debido al aumento de su área. Si analizamos pausadamente la cantidad de material a extraer en la primera modificatoria del EIA de Conga este se planeaba extraer en total 1237 MT, en cambio en la segunda modificatoria del EIA este planea extraer en total 1172, si aplicamos una simple resta obtenemos que hay una variación de 65 MT. Respecto a los otros cambios son re-ingeniería como ellos lo llamarían, no hay olvidar que en el 2010 la multinacional ABB adjudicó el contrato de compra para el molino SAG más grande del mundo[2] (Semana Económica, 2010), este tendrá una altura de 12.8 metros, donde Metso Corp y Fluor Corp. serían los encargados de proporcionar e instalar el molino en la zona del py. Conga.
DATO
Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, manifestó que las municipalidades provinciales y distritales que están dentro del ámbito del py. minero Conga tienen menos de 9 días para presentar sus respectivas observaciones a la segunda modificatoria del EIA de Conga.
La primera modificatoria del EIA de Conga fue aprobada el pasado 27 de octubre de 2010, siendo como Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el Ing. Felipe Ramírez del Pino que de ser director, fue uno de los gerentes de Minera Yanacocha, formando parte de la incontable lista de funcionarios peruano que pertenecían a las famosas Teoría de las “puertas giratorias[3]” o “revolving door”. Siendo la abogada Clara García Hidalgo la encargada de firmar la “Certificación Ambiental” definido así por la ley SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) de la aprobación del EIA de Conga, el documento mencionado es la Resolución Directoral N° 351-210-MEM-AAM.
A continuación cuerpo textual de la 2da modificatoria del EIA de Conga.
Por: Rocio Silva Santisteban M.
Foto: Jorge Chavez Ortiz
Máxima no puede leer esta columna pero ha cambiado, con su ejemplo de dignidad, el sentido de la vida de muchas mujeres que leemos y tenemos formación universitaria. Tampoco es una “excepción en las estadísticas” porque el analfabetismo es una situación usual para muchas mujeres rurales de nuestro país: algo que debería de indignarnos. Máxima mide 1.50 cm, es delgada, tiene los huesos fuertes y la voluntad inquebrantable. Nunca fue a la escuela pero conoce perfectamente los usos medicinales de muchas plantas y con una voz muy queda canta la historia de su terreno y su propia historia. A las 5 de la mañana ordeña las vacas, arrea al ganado, prepara te de berenjena. Máxima Acuña de Chaupe, con cuatro hijos todos mayores de edad y sin llegar a cumplir ella aún los 48 años, ha podido cincelar con su oralidad y su inteligencia una de las resistencias pacíficas más fuertes de toda nuestra historia.
La Dama de la Laguna Azul ha sido avasallada por la empresa de oro más grande de Sudamérica. Y no se ha amilanado: sigue persistente luchando por su terreno en pleno corazón del proyecto Minas Conga. “Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aun hasta matándome…”, ha dicho Máxima Acuña en uno de los numerosos documentales que se han grabado sobre su caso.
El 9 de agosto del 2011 la empresa Yanacocha intentó desalojar a la Familia Chaupe a la fuerza: aproximadamente 200 efectivos de la DINOES ingresaron al terreno, echaron los enseres, los pellejos que fungen de camas y las frazadas para calentarse de la casa de tapial que tenían, y luego quemaron la misma casa. Ellos, los Chaupe, resistieron y los DINOES no se retiraron sino hasta que un culatazo de fusil en la nuca de Gilda Chaupe la desmayó. Gilda permaneció tres horas tendida sobre la grama. Todos pensaron que había fallecido y la policía se retiró de la zona. Felizmente solo estaba desmayada. Jaime cortó ichu de los alrededores y los días siguientes durmieron a la intemperie bajo los matorrales de ichu para abrigarse porque a 4,200 msnm el frío en las noches perfora los huesos. Pero no abandonaron el terreno.
Desde el 2011 los ataques y acosos de la minera no han parado. Los últimos hostigamientos –incluso luego de que la CIDH les otorgara medidas cautelares– se han producido el 21, 22 y 24 de julio, en esta última ocasión un grupo de policías y funcionarios, así como de ronderos, amenazaron a Jaime Chaupe. “Hasta estos momentos, siguen atacándonos. Ellos ven que no se encuentra nadie a esa hora y entran a perturbarnos todos los días. No nos dejan tranquilos. ¡Cómo vamos a vivir!”, dice Gilda Chaupe.
Hoy el fiscal Ruperto Alcántara, de la Fiscalía General de Celendín, presentará su acusación de manera oral, pero tenemos entendido que ha pedido el desalojo inmediato del predio, una altísima reparación civil a favor de Yanacocha y tres años de prisión efectiva para Máxima Acuña de Chaupe, Jaime Chaupe, Ysidora Chaupe y su esposo, Elías Chávez, como ¡“invasores” del terreno de su propiedad! La empresa no ha podido probar la posesión del terreno previo a la posesión de los Chaupe, por tanto, es imposible que exista una invasión. ¿Será la justicia esta vez justa?
El país de Yanacocha
Lo que el Estado y la minera no quieren que sepas
El 3 de julio de 2012 se cumplía poco más de un mes del paro regionalconvocado en la región Cajamarca en oposición al proyecto minero Conga.
En la provincia de Celendín, se vivía una tensa calma entre las Fuerzas Armadas, por un lado, y una gran mayoría del pueblo celendino levantada pacíficamente contra la minera, por el otro.
Aún nadie sabe cómo ni quién inició el incendio que fue la excusa para que policías y militares dispararan contra ciudadanos peruanos. Ese día, cuatro peruanos fallecieron; uno de ellos, un menor de 16 años de edad.
Al día siguiente, en Bambamarca, y con una declaratoria de estado de emergencia en la región, la ciudadanía decidió encender velas en la iglesia de la Plaza de Armas, en memoria a sus compañeros caídos en Celendín. Una vez más, la Policía y el Ejército arremetieron contra los ciudadanos.
Y a balazos.
En medio de todo eso, muere un peruano más.
5 peruanos murieron el 3 y el 4 de julio y muchos fueron heridos con balas de alto calibre.
Los grandes grupos de prensa, alineados con la minera Yanacocha, y ese monstruo llamado ‘opinión pública limeña’, acostumbrados a vivir de espaldas al resto del país, dijeron de todo.
Se buscó justificar como sea la masacre y, por último, se ignoró lo ocurrido hasta arrinconarlo en el olvido.
Este video reúne las voces de quienes jamás podrán olvidarlo.
Hoy, dos años después, un paquetazo legislativo vuelve a poner en riesgo la integridad de los recursos naturales y un ministro del interior, con denuncias graves por delitos de lesa humanidad, amenazan con repetir la historia.
Decano del Colegio de Abogados, Ricardo Araujo, reveló que los casos fueron trasladados de la Corte Superior de Lambayeque a Cajamarca.
Unos 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga fueron direccionados al Poder Judicial de Cajamarca para que sean investigados y resueltos por jueces naturales; informó el decano del Colegio de Abogados, Ricardo Araujo Portilla.
Estos expedientes venían siendo investigados por la Segunda Sala Penal de Lambayeque, sin embargo, al amparo del Art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, éstos fueron trasladados a la Corte Superior de Cajamarca.
Dicho artículo indica que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
Todos, estos casos, insistió Araujo, están relacionados a los delitos contra la tranquilidad pública, usurpación, asociación ilícita para delinquir entre otros.
“Los procesos están relacionados a las marchas y protestas contra el Proyecto Minero Conga, realizadas en esta ciudad, Celendín, Hualgayoc, Huasmín y en las Lagunas El Perol y Conga, principalmente durante los años 2011-2012”, precisó el decano del Colegio de Abogados.
MI MINA CORRUPTA 