USA: Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.

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[Peru] Extractivismo y estado de emergencia

 
 
Por Rocío Silva Santisteban
 
El ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas, pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa, sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.

Sin embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.

Pero en nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un “extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador, que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”. Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar otro tipo de conflictos totalmente diferentes.

Raúl Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia. Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María: “Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos”.

El gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.

Publicado en Kolumna Okupa de La República, martes 26/05/2015

[PERU] ESTAS SON LAS MINERAS QUE LE PAGAN A LA POLICÍA PARA QUE REPRIMAN LAS PROTESTAS CONTRA ELLAS

Carlín siempre tan preciso.

Por: Roy Palomino 

Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.

“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.

Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.

“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”

Nosotros hemos buscado más convenios entre mineras y la policía y hemos encontrado esta relación de mineras que tienen el mismo arreglo con la Diroes, Divoes y la PNP.

En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.

Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.

Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.

Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.

Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:

“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.

Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.

[VIDEO-ARCHIVO] Cajamarca: 03.julio.2012 – Abuso Policial y del Ejercito en Conflicto Minero Conga

Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.

[DOCUMENTO] Defensoría del Pueblo pide al Ministerio del Interior investigar caso de “siembra” de “miguelito” por efectivo policial

[PRONUNCIAMIENTO] CNDDHH: PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

¡NI UN MUERTO MÁS!
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

[#ConflictoMinero] Perú: Mininter reconoce que policía ‘sembró’ arma a detenido en Islay

Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que hubo “un desborde” de parte de agentes de la Dinoes enviados a Islay desde Lima. (Foto: El Comercio)

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María, como denunciaron videos recientemente difundidos.

“Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó esta tarde a Canal N el alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.

Son agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima los que se encuentran desde hace cuatro días en Arequipa, quienes además estuvieron en la zona del puente Pampa Blanca, donde murió un manifestante tras desangrarse a causa de un impacto de bala en un glúteo.

Según adelantó Pérez Guadalupe, ese grupo de la Dinoes relevó a efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), pero “ya está siendo relevado”, porque “ha habido un descontrol total”.

“Cuando va el equipo de Dinoes, hay un fusilero por cada diez efectivos. Pero ese fusilero que tiene un AKM tiene el permiso para portar el arma, pero no para usarla. Para hacerlo necesita la orden expresa del jefe de operaciones, en este caso es un comandante”, detalló el ministro.

Cabe recordar que el Mininter había prohibido que los agentes usen armas letales en la zona.

“HUBO DESBORDE DE LOS DINOES”

“Es el mismo grupo de Dinoes de Pampa Blanca. Queda claro que donde ha habido un desborde, un desorden de lo que se había indicado es en este grupo que ya estamos relevando por partes, porque está yendo recién gente de Arequipa. Son 280 efectivos de Dinoes de Lima que vamos a traer otra vez. Tenemos que hacer una evaluación más profunda del accionar de los Dinoes”, sentenció finalmente.

Más temprano, el director de la PNP, Jorge Flores Goigochea, anunció que se realizará una investigación para que se impongan las sanciones que correspondan.

 

Perú: Cuando el Estado y cierta prensa te quieren criminalizar por protestar

“El video de MollendinosTV-Islay TV muestra la corrupción de la policía y de ciertos colegas”, dice Rocio Silva Santisteban.

Por: Alberto Ñiquen

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

Sí, nos referimos a la noticia publicada ayer, 23 de abril, en el diario Correo, del Grupo Epensa, y que ahora forma parte del Grupo El Comercio. El diario tildaba a quienes protestaban contra el proyecto Tía María de violentistas y de portadores de ‘armas letales’, y publicó fotos de supuestos ataques a los policías. ‘La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros’ tituló la sucursal de Arequipa del 

diario.

La nota que acompaña las fotos no deja dudas: los protestantes son violentos, iracundos, antimineros. Al redactor no le importa averiguar sobre la muerte de Victoriano Huayana, sino enfocarse en los opositores al proyecto según el interés policial.

Afortunadamente, esta versión es contradecida por el video de un reportero de MollendinosTV-Islay TV que estaba en lugar de los hechos el 22 de abril subió a Youtube. Tras ver lo ocurrido la indignación ha invadido las redes sociales.

Veamos, cómo se criminaliza a Antonio Coasaca Mamani (aunque algunos medios lo han nombrado Antonio Cuba).

Pero este segundo video también muestra el abuso de poder. Aquí el agredido es el agricultor Víctor Tobar Choque.


 
CRIMINALIZACIÓN

Lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado. “Un sembrado de pruebas tan evidente de parte de un Dinoes es la verificación de denuncias que nosotros, la misión de la CNDDHH y Red Muqui que fuimos a Cocachacra la semana pasada, habíamos recogido”, dice Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aLaMula.pe.

Silva Santisteban se refiere a los testimonios de tres pobladores, uno de ellos menor de edad, que denunciaron a la PNP de sembrarles piedras en los bolsillos y hasta una honda. “Esto es irregular y es una práctica que no debe permitirse. Si la PNP tiene un protocolo que debe respetar con delincuentes, lo debe hacer mucho más con personas que solo protestan por su agua. Lamentablemente este gobierno ha dado una suma de leyes (Ley 30151, entre otras) que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP”, señala.

OBSÉRVESE QUE EL AGENTE DE LA DINOES, ADEMÁS DE ESTAR CON EL ROSTRO SEMICUBIERTO NO ESTÁ IDENTIFICADO.

Para ella, la publicación periodística no es un caso aislado: “Obviamente no es un desliz: es algo armado. Fíjate que el fotógrafo tiene la cara tapada y no se ve que haya en ese momento gas pimienta o bombas lacrimógenas. Eso es un delito y debe de ser sancionado. Además el tercero civilmente responsable es Correo. Si no tienen normas éticas claras para su personal, que se atengan a las consecuencias. Si fuera directora de un periódico, yo los despediría inmediatamente: están inventando la noticia. Pero, además de eso, con su actitud de maldad banal, que no saben calibrar, están perjudicando a una persona que podría ir cuatro años a prisión si es que no se hubiera descubierto”.

MollendinosTV-Islay TV produjeron un video tan pedagógico sobre la corrupción de la policía y de los ‘coleguitas’, dice la representante de la CNDDHH.

¿QUÉ DICE LA POLICÍA?

Hoy el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, anunció que luego de la difusión de dos videos con imágenes de agentes haciendo abuso de su autoridad ha ordenado al inspector general de la institución una exhaustiva investigación para sancionar a los culpables.

Flores Goicochea afirmó que las imágenes le han causado mucha indignación y que todas las acciones que ameriten sanción serán denunciadas penalmente.

Los responsables de golpear a un manifestante ya detenido y de ‘sembrar’ un objeto punzocortante a otro serán investigados por el Fuero Militar Policial por desobediencia y también deberán afrontar la denuncia penal que corresponde, agregó.

El ministro

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido. “Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó y consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.
¿Y EL DIARIO CORREO?

El diario ha anunciado que sancionará al redactor y al fotógrafo, y resaltó el hecho de que su versión central, la de Lima, no informó de la misma manera que su sucursal.

 

¿Y si no hubiéramos visto este video? Antonio y otros estarían encarcelados y hasta tal vez golpeados. De hecho, no es un caso aislado ni la primera vez que hay un abuso de autoridad. Si bien lo anunciado por la PNP es lo menos que puede hacer la institución, es también un ejemplo de cómo el Estado recurre a la criminalización de las protestas sociales con el propósito de intimidar a quienes reclaman sus derechos.

Fuente: La Mula – https://redaccion.lamula.pe/2015/04/24/cuando-el-estado-y-la-prensa-te-quieren-criminalizar/albertoniquen/

[Perú] #ConflictoMinero: Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María

Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María. Captura: Mollendinostv Islaytv.

El Ministerio del Interior tiene que responder por esta denuncia.

Las protestas contra el proyecto minero Tía María en la región Arequipa continúan. Hay cuatro fallecidos, además de heridos y detenidos de ambos bandos, mientras que una denuncia en video muestra cómo un miembro de la Policía Nacional “siembra” a uno de los manifestantes un metal que puede emplearse como arma punzocortante.

PUEDE VER: Protestas en rechazo de proyecto minero deja un muerto y 11 heridos | Tía María

El video, subido al canal YouTube Mollendinostv Islaytv, muestra cómo dos miembros de la PNP cargan de los brazos a un hombre. Hacia ellos se dirige otro policía, con el rostro cubierto, quien le coloca al detenido un objeto en la mano derecha. Luego alza la extremidad, lo cual es captado por un fotoperiodista de diario Correo.

Foto: Correo.

El mencionado diario informa así: “En una de las imágenes se puede ver a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante.” El video de Mollendinostv Islaytv señala que el medio de comunicación actuó con injusticia.

En su artículo, Correo muestra fotografías de varios manifestantes con los rostros cubiertos que emplean hondas y piedras.

Para finalizar, transcribimos parte del diálogo entre el policía que sembró el metal y el detenido:

Policía: ¿Por qué cargas esto?

Detenido: Yo no he cargado eso

Policía: ¿Entonces nosotros lo tiramos?

Ustedes, lectores, ya tienen la respuesta.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/24-04-2015/video-muestra-que-policia-sembro-arma-a-manifestante-contra-tia-maria
 

Juez de Estados Unidos ordena a Minera Newmont entregar pruebas sobre el caso Elmer Campos

Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011

 

– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.

Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.

EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.

Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.

Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.

Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.

El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.

Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.

Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.

“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.

Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.

La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.

Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/125598

Perú: Activistas ambientales rechazan proyectos mineros

Organizaciones de Cajamarca en Perú participaron en un encuentro para debatir sobre el cambio climático y manifestarse contra los proyectos mineros impulsados por el gobierno y trasnacionales, pues aseguran que estos afectan los recursos naturales que para la mayoría de la población, su aprovechamiento constituye su medio de vida. Asimismo, los participantes presentaron estrategias de lucha para lograr sus objetivos.

Fuente: TeleSUR

[VIDEO] Perú: Despojo de tierras en Cajamarca caso familia Chaupe – Minera Yanacocha

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