Raúl Benavides: El proyecto conga está muerto

Jueves, 11 de mayo de 2017.

Afirmó que la paralización de este proyecto minero le costó a minera Yanacocha mil 700 millones de dólares.

Fuente: Internet

Convencido de sus palabras y de la realidad, Raúl Benavides Ganoza, alto directivo de minera Yanacocha y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Buenaventura, afirmó que el proyecto minero está muerto y al menos por el momento las condiciones económicas y sociales no favorecer llevar adelante este proyecto.

Tras señalar que no hay nada concreto sobre la posibilidad de una reformulación del proyecto para su puesta en marcha, Raúl Benavides afirmó: “Para efecto prácticos el proyecto conga está muerto”.

Raúl Benavides hizo estas declaraciones luego de su participación en la juramentación de 70 representantes graduados del proyecto Creación y Fortalecimiento de Uniones de Crédito y Ahorro, UNICA, impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, La Corporación Financiera de Desarrollo y gobiernos locales.

Estimó sin embargo que el proyecto minero conga podría ser reformulado, es decir de hacerlo de una forma distinta, buscando aspectos más convenientes que generen un menor impacto ambiental o poner sus instalaciones en otro sitio, para acto seguido agregar que si bien es cierto éstas son posibilidades, por el momento no hay nada concreto

Aun cuando no los reconoció directamente, el alto funcionario de Minera Yanacocha señaló que si existieron errores, éstos ya se reconocieron, la paralización de conga le costó a la empresa mil 700 millones de dólares, lo cual significa un costo muy alto.

Al ser consultado respecto a la opinión del Ministro de Economía de que en 18 en meses podrían reactivarse proyectos mineros en Ica, Moquegua y Cajamarca, consideró que son apreciaciones muy optimistas que ojalá se hagan realidad.

En relación a minera La Zanja dijo que se está llegando al agotamiento de las reservas y éstas solo se tienen hasta finales del 2018. De allí en adelante veremos que se hace, indicó.

Fuente: Panorama Cajamarquino –  https://panoramacajamarquino.com/index.php/2017/05/11/raul-benavides-el-proyecto-conga-esta-muerto/

Anuncios

Perú: Newmont quiere reunión con PPK para discutir viabilidad de Conga

Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963

[Celendín] Jorge Urquía: “Como alcalde no participo en luchas antimineras y protestas”

Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

USA: Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

###

Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.

[VIDEO-ARCHIVO] Cajamarca: 03.julio.2012 – Abuso Policial y del Ejercito en Conflicto Minero Conga

Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.

Juez de Estados Unidos ordena a Minera Newmont entregar pruebas sobre el caso Elmer Campos

Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011

 

– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.

Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.

EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.

Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.

Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.

Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.

El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.

Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.

Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.

“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.

Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.

La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.

Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/125598

COOPERACCIÓN RESPONDE A UCEDA POR CASO MÁXIMA ACUÑA CHAUPE: DERECHOS EN JUEGO Y LA NECESIDAD DE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD


El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática “Laguna Azul”.

Uceda da a conocer a la opinión pública la versión que Yanacocha brindó sobre los hechos en diversos medios y en el juicio que perdió contra lo familia Chaupe por delito de usurpación. Tratando de demostrar objetividad, Uceda da por cierta la versión de minera Yanacocha, y acusa a las ONGs de haber creído a ciegas, en lo sostenido por Máxima.

Ante esto, hay que revisar los puntos planteados por Uceda:

1) Títulos existentes que se oponen
En un primer argumento, Uceda expone que Yanacocha tiene títulos irrefutables de propiedad de amplias extensiones de tierras, adquiridas de la comunidad de Sorochuco y que éstas comprenden el terreno Tragadero Grande. Lo que Uceda no dice es que la defensa de Máxima no está en cuestionando eso títulos de propiedad. Lo que viene sosteniendo es que, esos títulos no comprenden el terreno de Tragadero Grande. En las ventas realizadas por la comunidad de Sorochuco los límites no están definidos. La situación por lo tanto, no es tan clara como lo sostiene Uceda, pues si lo fuera, la Minera Yanacocha hubiera recurrido a un juicio de desalojo, que es de naturaleza sumaria y habría resuelto el problema. No lo hizo, ¿cabría preguntarse por qué?

De otro lado, Uceda sostiene que Máxima y su familia suelen ocupar tierras para hacerse luego de la propiedad de ellas. Para demostrarlo, señala que Máxima y su familia tienen la propiedad de otros terrenos adquiridos de esa manera. Para el caso, esto es imposible porque tratándose de una propiedad comunal no se aplica la prescripción adquisitiva.

Por otro lado, lo que no dice Uceda es que Máxima y su esposo tienen en su poder dos documentos: una transferencia de dominio y un certificado de posesión sobre ese terreno que data de 1994, antes que Yanacocha adquiriera terrenos de la comunidad de Sorochuco, a la que pertenecían los esposos Chaupe. Es decir, que no se trata de una invasión como se insinúa. La existencia de esos documentos es irrefutable. Es decir, que estamos ante dos sujetos que alegan un mismo derecho. Dilucidarlo, es un tema que deberá ventilarse en los tribunales.

Decir que los Chaupe tienen otros terrenos y que no son pobres es una estrategia mediática. Tal cosa se intentó sostener en los tribunales durante el juicio por usurpación, del cual los Chaupe fueron absueltos y en ese entonces los jueces desestimaron tales argumentos por no ser pertinentes.

De otro lado, los Chaupe han sostenido que efectivamente tienen 9 terrenos que en conjunto suman 8,6 hectáreas y que los han adquiridos, en gran parte por herencia. Uceda para desmentirlos señala que en realidad los han adquirido vía un programa de formalización de la propiedad rural sobre la base de acreditar con testigos la posesión continua durante cinco años. Lo cierto es que es muy usual en la zona rural, donde el Estado no tiene formalizada la propiedad de tierras, que quienes tienen títulos de propiedad no saneados recurran a los programas de formalización para regularizar su situación, evitándose con ello, todos los problemas legales, que supone sanear sus títulos.

Uceda ha cuestionado el por qué la familia Chaupe usa el terreno de Tragadero Grande y no los otros terrenos que, tendrían según su opinión mayor valor, deslizando la idea de que lo hace para mantener la posesión en un terreno que no es suyo. Para cualquier persona de ciudad, la pregunta por la preferencia o la forma de uso de sus propiedades, resultaría fuera de lugar porque es algo que corresponde a su libre albedrío. Sin embargo, es lógico preferir usar un terreno de 22 hectáreas a otros, dispersos en varios lugares y que suman 8,6 hectáreas.

Por otro lado, el que la familia Chaupe tenga otros terrenos además de Tragadero Grande no los hace ricos, ni de clase media. Todos sabemos que el valor de la propiedad rural es muy pequeño, y que muchas comunidades campesinas, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza.

2) Un tema de institucionalidad y Estado de Derecho

Finalmente, nos llama la atención que el señor Uceda no diga nada sobre la actitud de minera Yanacocha de desconocer la sentencia judicial de segunda instancia, que además de absolver a familia Chaupe ordenaba el cese de su desalojo así como, de la administración del predio de Tragadero Grande por la empresa. Minera Yanacocha pese a esta sentencia se presentó, a través de sus trabajadores, en el lugar respaldada por la policía para, ilegalmente derrumbar una construcción de la familia Chaupe. Al haber perturbado violentamente la posesión pacífica del terreno, los trabajadores de minera Yanacocha han incurrido en delito de usurpación. Nos preguntamos si el señor Uceda respalda la comisión de un delito.

Esta transgresión al Estado de Derecho nos parece inaceptable y lo que hace es reafirmar la imagen que minera Yanacocha tiene en Cajamarca. Consideramos, que es necesario, que el país resuelva sus problemas a través de sus instituciones democráticamente constituidas y que no sea la prepotencia y el abuso que se legitime como la forma natural de proceder. Este retroceso es muy peligroso. Por lo que, diga lo que diga, el señor Uceda, el actuar de minera Yanacocha es injustificable.

Cajamarca: GRUFIDES aclara situación de la familia Chaupe


GRUFIDES ACLARA SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

A LA OPINIÓN PUBLICA

Sobre las últimas noticias difundidas en medios nacionales sobre el caso de la familia Chaupe, GRUFIDES aclara lo siguiente:

1. Para GRUFIDES el caso de la familia Chaupe es un caso emblemático porque es representativo de la situación de muchas personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales para hacer viables megaproyectos poniendo en riesgo su integridad, su dignidad e incluso su vida.

2. GRUFIDES jamás a intentado presentar a la familia Chaupe como un ícono de pobreza, Sí hemos ayudado a visibilizar a una familia campesina símbolo de fortaleza, resistencia y dignidad, haciendo frente a una empresa transnacional para defender justos derechos en medio de la profunda asimetría que se vive en un país como el Perú.

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

5. Por último, la campaña ¨Maxima somos todos¨ generada de manera espontánea por diversos colectivos, personas y organizaciones, es un expresión solidaria que no busca defender en estricto la propiedad sino y sobre todo, la dignidad y la vida de una familia de personas sencillas y trabajadoras como lo somos la mayoría de peruanos.

Cajamarca, 24 de febrero del 2015

Perú: Entrevista a Mirtha Vasquez sobre el caso de Máxima Chaupe


Compartimos la entrevista que la Red Muqui sostuvo con la Dra Mirtha Vasquez Chuquilin, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe frente a las acusaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca.

¿Qué ha pasado desde diciembre cuando ocurrió la sentencia a favor de Máxima Chaupe y su familia, que dice Yanacocha?
El 17 de diciembre de 2014, salió la sentencia que reconocía que Máxima Chaupe y su familia como inocentes de los cargos de la empresa. La empresa los acusaba de ser usurpadores, de haber usurpado en los terrenos de Yanacocha. La sentencia absuelve Máxima y su familia de todos los cargos.

Después de esto pensamos que la situación iba a ser más tranquila. A pesar de no decidir a quién pertenece el terreno, porque esto no era parte de la denuncia. Lo que por lo menos está reconociendo la sentencia es que es una posesión de la familia en este lugar. Y la posesión es un derecho tan válido como de la propiedad.

Con este pronunciamiento suponemos que la empresa va a utilizar las vías institucionales, una demanda por usar la propiedad. Pero no pasó así.

La familia sigue viviendo en el predio. El 3 de febrero la empresa minera con su compañía de seguridad más la policía privada que está a su servicio y con personas civiles entró a la propiedad de Máxima y destruyeron un nuevo cuartito que habían construido cerca de la casa que esta colapsando por las lluvias. Después de ello se fueron y la empresa minera Yanacocha dijo este acto era un acto de defensa posesoria – que es un concepto jurídico, pero que no se aplica para nada en este caso, porque es un acto de defensa-. Dijeron que la familia está ocupando nuevos predios que son propiedad de la empresa. Pero esto es falso por que la familia estaba construyendo el cuarto dentro de su propiedad. Entonces la empresa minera llegó ilegalmente.

Después vinieron y empezaron hacer una especie de corredores alrededor del predio de la familia. Pusieron alpacas en el lugar y llevaron casetas de vigilancia que supuestamente van a hacer vigilancia a las alpacas, pero que finalmente están apuntando directamente a la casa de Máxima. Todo esto nos parece hechos realmente escandalosos, de privación de la libertad, afectación a la libertad porque ahora tienen casetas vigilando toda su casa. Pero además han cerrado las vías de acceso a la casa, han puesto tranqueras en las cuales controlan quien entra y sale por estas propiedades. A veces no dejan entrar los hijos de Máxima que viven en Cajamarca. Yanacocha dice que es su carretera ya que había arreglado la vía anteriormente. Su lógica es, “si yo tengo plata y arreglo la calle, se volvería esta mi calle”.


¿Cómo se siente Máxima frente a toda esta situación?

Máxima está muy quebrada emocionalmente y psicológicamente. Alguien puso un ejemplo exacto: “Si alguien, un ladrón o ratero, ha entrado en tu espacio privado, nunca más te quita este trauma, con la idea que van a volver e ingresar”. Imagínense lo que pasa a Máxima y su familia, todos los días están pensado en que la empresa va a ingresar, que los trabajadores van a destruir lo poco que tienen y matar a sus animales porque esto ya han hecho antes. Es una sensación de constante stress y esto impacta la salud de ellos.

Ellos ahora no pueden salir libremente de su casa, así no pueden salir a trabajar y así no tienen que comer. Tienen lo poco que están cultivando y lo que mandan sus hijos desde la ciudad. Pero hay días en que incluso ellos no ni quiera comen. Máxima dice que preferimos estar acá que salir a conseguir algo. Ellos lo justifican diciendo que ya son viejos. Si no comemos, no importa, dicen. Los hijos son grandes ya y solo somos los dos, resisten. Es una gran resignación, una situación de indignación increíble, de constante stress protegiéndose de las amenazas de la empresa. Es muy duro para ellos.

Solicitamos ayuda del Ministerio de la Mujer, y se converso con la aquel entonces ministra Carmen Omonte. Recibimos ayuda y acompañamiento psicológico, pero ahora su gestión de la Ministra Omonte ha acabado.


¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer Máxima Chaupe?

Frente a esto y el único que nos queda es seguir denunciar a la empresa minera porque es un delito de usurpación. Pero la empresa tiene todo el poder y sigue anunciar cualquier cosa. Ahora están cerrándolos, llevan animales y personas, esto va a provocar otro enfrentamiento con Máxima y en la población. Esto nos preocupa mucho

Es una evidencia que la empresa no cree en el Estado, en el derecho de este país, en la Ley. No cree en nadie. Ellos quieren autorizarse la autoridad. De hecho esto ya está haciendo. Y sienten la sensación de impunidad de que nadie les va a decir nada porque este Gobierno no va a hacer nada. El riesgo para Máxima persiste ser constante.


¿Cuál ha sido el rol de GRUFIDES en todo este proceso de defensa?

Yo creo que hemos confiado demasiado. Hemos confiado mucho en las vías institucionales y hemos estado siempre esperando que el Estado nos responda. Esto no ha sucedido, esto sigue ser un mayor riesgo para la familia de Máxima.

A lo mejor, a la par de utilizar los mecanismos institucionales, hemos debido buscar apoyos que ayuden a proteger a esta familia. Porque a pesar de los fallos y el poder judicial, esto no va a terminar protegiéndonos. Esto no va a proteger la seguridad de las personas.

Fuente: Red Muqui

Perú: Informante desinformado o cómo desprestigiar a una familia campesina

Por: Marisa Glave Remy


Ricardo Uceda es un periodista al que respeto. Por eso, fue grande mi sorpresa al leer su última columna sobre la familia Chaupe. El artículo da a entender que esta familia es propietaria de varios terrenos y que este hecho tira por los suelos la imagen de una mujer luchadora, que emociona hasta las lágrimas, pues Máxima y su familia no serían “indigentes”, sino algo así como una clase media acomodada. Quienes no conocen el mundo rural pueden tener la sensación de estar frente a una familia que tiene varias casas, con las que genera buena renta.

Pero lo realmente grave, es que el periodista dice que tales propiedades han sido logradas por ocupación. Como pone Uceda en el titular, emociona hasta las lágrimas…hasta [saberla] dueña de nueve predios por vía de la ocupación. La columna da a entender que los Chaupe llegaron, los ocuparon y luego se los apropiaron. Esta referencia no es gratuita. La disputa entre Máxima y Yanacocha por el predio Tragadero Grande es porque la empresa señala que ella es la “auténtica propietaria” y que la familia Chaupe lo habría “invadido”, para luego hacerse de la propiedad. Se pretende demostrar que la familia usa este mecanismo de manera habitual. Entonces, es fácil creer que los Chaupe son unos estafadores.

La imagen que el lector tiene al final del artículo es que una familia vendida como “indigente” por unas ONGs, obviamente politizadas, resulta ser de una clase media campesina acomodada, que se ha ido ganando la vida apropiándose de terrenos de otros. Se insinúa que la mala imagen de Yanacocha ha permitido que se cree una especie de “leyenda urbana” en torno al uso de la violencia contra la familia, la que parecería estar justificada, pues se omite un dato fundamental: Los varios intentos de desalojo contra los Chaupe se hicieron SIN MANDATO JUDICIAL, y el último, en el que se registra la destrucción de la ampliación de su vivienda, luego de que la justicia peruana declarara INOCENTE a Máxima del delito de usurpación, así como el cese del desalojo preventivo y de la administración provisional de Yanacocha sobre el predio Tragadero Grande.

Quisiera aclarar algunas de las imágenes que se construyen en el texto. Empiezo por las propiedades, en plural, para darnos una idea de qué significan nueve hectáreas (ha) en una zona andina. Los investigadores agrarios usan mecanismos de “estandarización” para comparar terrenos: Caballero y Álvarez plantean que una hectárea en costa con riego equivale a 0.53 ha en la sierra con riego y a 0.25 en secano. Si hacemos el cálculo tenemos, entonces, que las nueve hectáreas aludidas, equivalen a 4.77 ha, si fueran buenos suelos -que no lo son- y a 2.25 ha, si son de secano, como señala la familia. Sumados los predios, no llegan, pues, bajo ningún cálculo, ni a una mediana propiedad rural. Ello, sin tomar en cuenta que se trata de terrenos que, además, están dispersos.

Quisiera añadir, por otro lado, un dato sobre el “modo de apropiación”: Los títulos de propiedad parten del reconocimiento de la posesión, sí. Pero no porque se haya “ocupado” el espacio abruptamente, para conseguir la prescripción. Una parte de las parcelas es producto de una herencia. La madre de Máxima se las dio a ella y a sus hermanos. Y otros terrenos son adquiridos. Pero, ¿por qué la mamá o los vendedores originales no inscribieron la propiedad? Pues, porque en el campo hay un problema – grave – de acreditación de la propiedad. Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no está registrada. Por eso, desde los años 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación, que buscan formalizar la propiedad. Una familia podía ser propietaria de una parcela como consecuencia de la Reforma Agraria, por más de 30 años, pero recién a inicios de este siglo consiguió el título que acredita dicha propiedad. Sí, así es el Perú. Entonces, que el título que otorga el sector Agricultura se base en el reconocimiento de la posesión no quiere decir que los Chaupe sean unos usurpadores profesionales. Quiere decir que, como sucede a decenas de miles de campesinos en el Perú, sus derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente, pero sí socialmente por sus vecinos, quienes acreditan la propiedad.

El último argumento que quisiera rebatir, que es, además, el que me resulta más agresivo, es que Máxima despierta solidaridad porque es una “indigente”. Máxima es una mujer campesina, trabajadora y luchadora; ahí radica su fuerza. ¿La violencia de Yanacocha sobre Máxima deja de ser condenable porque ella es “propietaria” de algo más? ¿No es Máxima una ciudadana que tiene derecho a enfrentar el cuestionamiento de su propiedad sobre Tragadero Grande en un juicio justo? ¿No es una ciudadana que tiene derecho a que la Policía no vaya como guardián de una empresa con la que disputa la propiedad, a agredirla y a ser testigo pasivo de cómo destruyen su vivienda? El caso de Máxima es simbólico NO porque es una mujer “indigente”, sino porque es una ciudadana que no está dispuesta a aceptar que la insulten, la agredan o la pretendan desalojar con violencia y sin mandato judicial.

 

[DOCUMENTAL] AMERICA LATINA PIENSA – CAPITULO 9 – “EXTRACTIVISMO SALVAJE”


Neoliberalismo crudo, extractivismo, transnacionalizado y violencia institucional combinadas en dos realidades nacionales.
En este capítulo trataremos la complejísima realidad nacional colombiana que desde hace algunos años quiere ser transformada al calor de lo que las elites llaman “la locomotora minera” y al mismo tiempo la búsqueda de posicionar al Perú como el nuevo modelo minero para el continente.

[PUCP – TESIS] EL PROYECTO CONGA DESDE LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

A %d blogueros les gusta esto: