[Celendín] Jorge Urquía: “Como alcalde no participo en luchas antimineras y protestas”

Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

USA: Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.

Odebreacht – Proyecto Hidroeléctrico Río Grande y Línea de Transmisión Asociada – Resumen Ejecutivo (Español)

[Peru] Extractivismo y estado de emergencia

 
 
Por Rocío Silva Santisteban
 
El ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas, pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa, sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.

Sin embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.

Pero en nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un “extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador, que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”. Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar otro tipo de conflictos totalmente diferentes.

Raúl Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia. Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María: “Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos”.

El gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.

Publicado en Kolumna Okupa de La República, martes 26/05/2015

Perú – #Tía María: Southern anuncia “pausa” de proyecto cuprífero en Arequipa


En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.

Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.

“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.

A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.

Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.

Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.

A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.

Fuente: Actualidad Ambiental – http://www.actualidadambiental.pe/?p=30081

PERU: APROBARON PROYECTO DE LEY 3941 DEL CUARTO PAQUETAZO AMBIENTAL

En Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 3941 “para la promoción de inversiones en zonas de mayor exclusión social”. El tema fue dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Su ámbito de aplicación serán las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las entidades vinculadas a las actividades de certificación ambiental, recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran envergadura.

El alcance de la iniciativa será aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital mixto.

El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

Previamente fue desestimada la cuestión previa del legislador Yonhy Lescano para que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos. Fue por 55 votos en contra, 16 a favor y ninguna abstención.

También se rechazó la cuestión previa propuesta por el congresista Manuel Dammert para que se votara aparte el artículo 38º, relativo a las acciones para la optimización de los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada. Ello fue con 57 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.

[VIDEO] México: La contaminación del Río Sonora por Grupo México (Souther Copper)

[VIDEO] Perú: Mensaje a la Nación respecto al Py. Minero Tia Maria

[PERU] ESTAS SON LAS MINERAS QUE LE PAGAN A LA POLICÍA PARA QUE REPRIMAN LAS PROTESTAS CONTRA ELLAS

Carlín siempre tan preciso.

Por: Roy Palomino 

Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.

“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.

Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.

“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”

Nosotros hemos buscado más convenios entre mineras y la policía y hemos encontrado esta relación de mineras que tienen el mismo arreglo con la Diroes, Divoes y la PNP.

En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.

Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.

Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.

Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.

Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:

“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.

Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.

[VIDEO-ARCHIVO] Cajamarca: 03.julio.2012 – Abuso Policial y del Ejercito en Conflicto Minero Conga

Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.

[DOCUMENTO] Defensoría del Pueblo pide al Ministerio del Interior investigar caso de “siembra” de “miguelito” por efectivo policial

[PRONUNCIAMIENTO] CNDDHH: PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

¡NI UN MUERTO MÁS!
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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