Odebreacht – Proyecto Hidroeléctrico Río Grande y Línea de Transmisión Asociada – Resumen Ejecutivo (Español)

[Peru] Extractivismo y estado de emergencia

 
 
Por Rocío Silva Santisteban
 
El ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas, pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa, sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.

Sin embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.

Pero en nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un “extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador, que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”. Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar otro tipo de conflictos totalmente diferentes.

Raúl Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia. Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María: “Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos”.

El gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.

Publicado en Kolumna Okupa de La República, martes 26/05/2015

Perú – #Tía María: Southern anuncia “pausa” de proyecto cuprífero en Arequipa


En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.

Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.

“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.

A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.

Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.

Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.

A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.

Fuente: Actualidad Ambiental – http://www.actualidadambiental.pe/?p=30081

PERU: APROBARON PROYECTO DE LEY 3941 DEL CUARTO PAQUETAZO AMBIENTAL

En Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 3941 “para la promoción de inversiones en zonas de mayor exclusión social”. El tema fue dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Su ámbito de aplicación serán las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las entidades vinculadas a las actividades de certificación ambiental, recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran envergadura.

El alcance de la iniciativa será aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital mixto.

El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

Previamente fue desestimada la cuestión previa del legislador Yonhy Lescano para que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos. Fue por 55 votos en contra, 16 a favor y ninguna abstención.

También se rechazó la cuestión previa propuesta por el congresista Manuel Dammert para que se votara aparte el artículo 38º, relativo a las acciones para la optimización de los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada. Ello fue con 57 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.

[VIDEO] México: La contaminación del Río Sonora por Grupo México (Souther Copper)

[VIDEO] Perú: Mensaje a la Nación respecto al Py. Minero Tia Maria

[PERU] ESTAS SON LAS MINERAS QUE LE PAGAN A LA POLICÍA PARA QUE REPRIMAN LAS PROTESTAS CONTRA ELLAS

Carlín siempre tan preciso.

Por: Roy Palomino 

Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.

“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.

Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.

“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”

Nosotros hemos buscado más convenios entre mineras y la policía y hemos encontrado esta relación de mineras que tienen el mismo arreglo con la Diroes, Divoes y la PNP.

En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.

Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.

Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.

Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.

Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:

“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.

Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.

[VIDEO-ARCHIVO] Cajamarca: 03.julio.2012 – Abuso Policial y del Ejercito en Conflicto Minero Conga

Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.

[DOCUMENTO] Defensoría del Pueblo pide al Ministerio del Interior investigar caso de “siembra” de “miguelito” por efectivo policial

[PRONUNCIAMIENTO] CNDDHH: PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

¡NI UN MUERTO MÁS!
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

[#ConflictoMinero] Perú: Mininter reconoce que policía ‘sembró’ arma a detenido en Islay

Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que hubo “un desborde” de parte de agentes de la Dinoes enviados a Islay desde Lima. (Foto: El Comercio)

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María, como denunciaron videos recientemente difundidos.

“Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó esta tarde a Canal N el alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.

Son agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima los que se encuentran desde hace cuatro días en Arequipa, quienes además estuvieron en la zona del puente Pampa Blanca, donde murió un manifestante tras desangrarse a causa de un impacto de bala en un glúteo.

Según adelantó Pérez Guadalupe, ese grupo de la Dinoes relevó a efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), pero “ya está siendo relevado”, porque “ha habido un descontrol total”.

“Cuando va el equipo de Dinoes, hay un fusilero por cada diez efectivos. Pero ese fusilero que tiene un AKM tiene el permiso para portar el arma, pero no para usarla. Para hacerlo necesita la orden expresa del jefe de operaciones, en este caso es un comandante”, detalló el ministro.

Cabe recordar que el Mininter había prohibido que los agentes usen armas letales en la zona.

“HUBO DESBORDE DE LOS DINOES”

“Es el mismo grupo de Dinoes de Pampa Blanca. Queda claro que donde ha habido un desborde, un desorden de lo que se había indicado es en este grupo que ya estamos relevando por partes, porque está yendo recién gente de Arequipa. Son 280 efectivos de Dinoes de Lima que vamos a traer otra vez. Tenemos que hacer una evaluación más profunda del accionar de los Dinoes”, sentenció finalmente.

Más temprano, el director de la PNP, Jorge Flores Goigochea, anunció que se realizará una investigación para que se impongan las sanciones que correspondan.

 

Perú: Cuando el Estado y cierta prensa te quieren criminalizar por protestar

“El video de MollendinosTV-Islay TV muestra la corrupción de la policía y de ciertos colegas”, dice Rocio Silva Santisteban.

Por: Alberto Ñiquen

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

Sí, nos referimos a la noticia publicada ayer, 23 de abril, en el diario Correo, del Grupo Epensa, y que ahora forma parte del Grupo El Comercio. El diario tildaba a quienes protestaban contra el proyecto Tía María de violentistas y de portadores de ‘armas letales’, y publicó fotos de supuestos ataques a los policías. ‘La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros’ tituló la sucursal de Arequipa del 

diario.

La nota que acompaña las fotos no deja dudas: los protestantes son violentos, iracundos, antimineros. Al redactor no le importa averiguar sobre la muerte de Victoriano Huayana, sino enfocarse en los opositores al proyecto según el interés policial.

Afortunadamente, esta versión es contradecida por el video de un reportero de MollendinosTV-Islay TV que estaba en lugar de los hechos el 22 de abril subió a Youtube. Tras ver lo ocurrido la indignación ha invadido las redes sociales.

Veamos, cómo se criminaliza a Antonio Coasaca Mamani (aunque algunos medios lo han nombrado Antonio Cuba).

Pero este segundo video también muestra el abuso de poder. Aquí el agredido es el agricultor Víctor Tobar Choque.


 
CRIMINALIZACIÓN

Lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado. “Un sembrado de pruebas tan evidente de parte de un Dinoes es la verificación de denuncias que nosotros, la misión de la CNDDHH y Red Muqui que fuimos a Cocachacra la semana pasada, habíamos recogido”, dice Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aLaMula.pe.

Silva Santisteban se refiere a los testimonios de tres pobladores, uno de ellos menor de edad, que denunciaron a la PNP de sembrarles piedras en los bolsillos y hasta una honda. “Esto es irregular y es una práctica que no debe permitirse. Si la PNP tiene un protocolo que debe respetar con delincuentes, lo debe hacer mucho más con personas que solo protestan por su agua. Lamentablemente este gobierno ha dado una suma de leyes (Ley 30151, entre otras) que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP”, señala.

OBSÉRVESE QUE EL AGENTE DE LA DINOES, ADEMÁS DE ESTAR CON EL ROSTRO SEMICUBIERTO NO ESTÁ IDENTIFICADO.

Para ella, la publicación periodística no es un caso aislado: “Obviamente no es un desliz: es algo armado. Fíjate que el fotógrafo tiene la cara tapada y no se ve que haya en ese momento gas pimienta o bombas lacrimógenas. Eso es un delito y debe de ser sancionado. Además el tercero civilmente responsable es Correo. Si no tienen normas éticas claras para su personal, que se atengan a las consecuencias. Si fuera directora de un periódico, yo los despediría inmediatamente: están inventando la noticia. Pero, además de eso, con su actitud de maldad banal, que no saben calibrar, están perjudicando a una persona que podría ir cuatro años a prisión si es que no se hubiera descubierto”.

MollendinosTV-Islay TV produjeron un video tan pedagógico sobre la corrupción de la policía y de los ‘coleguitas’, dice la representante de la CNDDHH.

¿QUÉ DICE LA POLICÍA?

Hoy el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, anunció que luego de la difusión de dos videos con imágenes de agentes haciendo abuso de su autoridad ha ordenado al inspector general de la institución una exhaustiva investigación para sancionar a los culpables.

Flores Goicochea afirmó que las imágenes le han causado mucha indignación y que todas las acciones que ameriten sanción serán denunciadas penalmente.

Los responsables de golpear a un manifestante ya detenido y de ‘sembrar’ un objeto punzocortante a otro serán investigados por el Fuero Militar Policial por desobediencia y también deberán afrontar la denuncia penal que corresponde, agregó.

El ministro

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido. “Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó y consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.
¿Y EL DIARIO CORREO?

El diario ha anunciado que sancionará al redactor y al fotógrafo, y resaltó el hecho de que su versión central, la de Lima, no informó de la misma manera que su sucursal.

 

¿Y si no hubiéramos visto este video? Antonio y otros estarían encarcelados y hasta tal vez golpeados. De hecho, no es un caso aislado ni la primera vez que hay un abuso de autoridad. Si bien lo anunciado por la PNP es lo menos que puede hacer la institución, es también un ejemplo de cómo el Estado recurre a la criminalización de las protestas sociales con el propósito de intimidar a quienes reclaman sus derechos.

Fuente: La Mula – https://redaccion.lamula.pe/2015/04/24/cuando-el-estado-y-la-prensa-te-quieren-criminalizar/albertoniquen/

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 3.612 seguidores

A %d blogueros les gusta esto: