Reporte de Conflictos Sociales N° 186 – Agosto 2019

EN DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS HÍDRICOS: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal

Anta Norte S.A.C. – Proyecto de Exploración Anta Norte – Resumen Ejecutivo (Español)

Informe revela la existencia de convenios entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas que afectan la imparcialidad e independencia del Estado

Informe revela la existencia de convenios entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas que afectan la imparcialidad e independencia del Estado

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y EarthRights International presentaron hoy, martes 19 de Febrero del 2019, el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Este documento es producto de un análisis riguroso de todos los convenios firmados entre la PNP y las empresas mineras e hidrocarburíferas.

El informe revela la existencia de 138 convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios, suscritos entre los años 1995 y 2018; de estos, 29 se encuentran vigentes.

La mayoría de las empresas extractivas con las que hay convenios vigentes tienen proyectos ubicados en regiones donde ha habido movilización social y se han cuestionado los proyectos.

Del total, 5 están en Cajamarca, 10 en el llamado corredor minero (Cusco, Apurímac y Arequipa) y 2 en la Amazonía, habiendo sido firmadas con empresas como Southern Peru, Yanacocha, Antamina y Chinalco.

Del análisis realizado, se destaca la forma en que los convenios afectan la imparcialidad y la independencia de la PNP, favorecen el desarrollo de las actividades empresariales y permiten la violación de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos.

Los convenios tienen por objeto proteger el patrimonio y los intereses económicos de las empresas extractivas, y para lograrlo utilizan a la fuerza policial, lo que desnaturaliza y contradice su finalidad de acuerdo a los principios de un Estado Democrático de Derecho.
También se resalta la instrumentalización de las normas, leyes y directrices de la legislación peruana a favor de las empresas extractivas y contraria a las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos solicitan al Estado que deje sin efecto los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, como parte de su compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos y territoriales.

Contacto:
Piero Meza (ERI)
piero@earthrights.org
941 471 960 (Perú) 

Fuente: EarthRight International

Link:https://earthrights.org/media/convenios-policia-nacional-empresas-extractivas-peru/

[Libro] Perú: Cuando el poder extractivo captura el Estado

Servindi, 1 de julio, 2016.- El reciente libro de Francisco Durand ya se encuentra disponible para su libre descarga en internet. Se trata de «Cuando el Poder Extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú»,

La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.

El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.

El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.

Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.

El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.


Paquetazo ambiental

La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.

Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala».

«A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.

Para obtener el libro en su versión digital, debe ingresar al siguiente enlace:
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20VF.pdf

 

Peru: Gregorio Santos, Martín Belaunde y Los Intereses Energéticos de Odebrecht

Por: Carlos Neyra
 

Una fotografía, obtenida por este diario (Peru21), podría explicar otro nexo aún desconocido para las autoridades que investigan los actos de corrupción del actual régimen. En la imagen, del 2 de enero del año 2011, resalta la presencia de Martín Belaunde Lossio –ex asesor y amigo de la pareja presidencial– acompañado de un grupo de personas cuyas historias pueden conectarse con la investigación del caso Lava Jato.

La misión estuvo conformada por Martín Belaunde; Carlos Fuyikawa García –ex coordinador parlamentario de Produce y socio de Belaunde–; el gerente de Odebrecht, Reymundo Trindade Serra; y el actual candidato a la presidencia por Perú Libertario y entonces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas. También asistieron el empresario Víctor Jaramillo Alva –acusado de ser testaferro de Belaunde y recluido en el penal por las obras de electrificación en el distrito de Catache, Cajamarca–; Ángel Ayala y el primo del ministro del Ambiente, Juan Sebastián Pulgar-Vidal de Rojas –ambos de la minera Lumina Copper SAC con sede en Cajamarca–; y el contratista Julio Vicuña García –líder del Movimiento Acción Social (MAS) fundado por Gregorio Santos– y otros dos personajes que no fueron identificados por esta redacción.

Perú21 conversó con Santos (Gregorio Santos) en enero del 2015, en el penal de Piedras Gordas. Se sorprendió al ser consultado por los detalles de ese encuentro. Se mostró cauto al responder. “Investiga el proyecto Marañón”, respondió escuetamente y se retiró hacia su celda.

Cabe recordar que el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que investiga los actos de corrupción en el caso Cajamarca, estableció una vinculación entre el ex asesor presidencial y Gregorio Santos, pues, sostuvo, se habrían coludido para realizar obras en Cajamarca a cambio de comisiones. Por este motivo, la Fiscalía denunció a los empresarios Víctor Jaramillo (aparece en la foto) y Lorenzo Fernández, por irregularidades en las obras de electrificación en los distritos de Catache y El Tingo, en Cajamarca, que se encuentran abandonadas. Cabe entonces la pregunta: ¿Fue solo coincidencia que Belaunde, Santos y Jaramillo hayan participado en una reunión privada en la sede de los Baños del Inca junto al representante de Odebrecht?

Perú – #Tía María: Southern anuncia “pausa” de proyecto cuprífero en Arequipa


En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.

Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.

“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.

A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.

Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.

Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.

A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.

Fuente: Actualidad Ambiental – http://www.actualidadambiental.pe/?p=30081

[Cajamarca] Fotoreportaje:I Feria Ecológica en Celendín

[PUCP – TESIS] EL PROYECTO CONGA DESDE LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

[ARCHIVO 2012 / Reglaje – Espionaje] Marco Arana: En la Mira del Gobierno


Marco Arana, en una pausa durante un reciente viaje por el interior del país, leyendo “La Maldición de la Abundancia”. Fuente: CARETAS

En medio de violentos conflictos medioambientales, el gobierno sigue de cerca al activista. Nota de inteligencia policial registra sus actividades, mientras el Premier Óscar Valdés suelta avalancha de tuits: “Podridos. Congelados. Incendiarios”.

Podridos. Congelados. Incendiarios. En una avalancha de twitter, el premier Óscar Valdés rescató el martes 5 la calificación que el historiador Jorge Basadre hiciera de los personajes que lastran al país. Comenzó por la inacción de las élites y siguió con ráfagas de acusaciones telúricas al mismo tiempo que el gobierno caminaba por una cuerda floja y varios actores políticos –que a los ojos de Valdés seguro calzaban en las tres categorías– pedían la cabeza del premier.

La renuncia a la bancada oficialista de los congresistas Verónika Mendoza, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila remeció los titulares del día anterior. Los dos últimos, invitados de izquierda y abiertos descontentos desde hacía meses, aprovecharon la salida de la primera, fundadora del Partido Nacionalista, que tiró el portazo en medio de severos cuestionamientos a su papel en la crisis de Espinar.

La brújula noticiosa dio un giro a favor del gobierno con el destemplado discurso ofrecido el martes por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que en medio del paro convocado en su región llamó al derrocamiento del presidente Ollanta Humala.

Los días anteriores, fichas prominentes del Ejecutivo como el propio Valdés y el ministro de Justicia Juan Jiménez se habían reunido con los corresponsales extranjeros a raíz de la detención de los dirigentes en Espinar, luego de los desmanes que provocaron dos muertos y la declaratoria del Estado de Emergencia. El arrestado alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, fue trasladado a Ica y se anunció su detención preventiva por un lapso de cinco meses.

Jiménez afirmó que “los que están dirigiendo las protestas son dirigentes radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores muy radicales en el gobierno”.

En conferencia de prensa, Mavila criticó los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco. Así lo había declarado el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (CARETAS 2234).
Diez Canseco se suma a la percepción de Mavila y advierte a CARETAS que “el gobierno no tiene operadores y va a terminar conducido por el Servicio de Inteligencia y las famosas explicaciones de planes y redes subversivas que están debajo de todos los movimientos del Perú, sin entender los niveles de frustración en la población. Mi sensación respecto a 1992 me resulta francamente preocupante”.

CARETAS accedió a una parte de los documentos de inteligencia mencionados. Y de allí se desprende que el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana (49).
Aquí el gobierno apunta alto. Este ex sacerdote y líder del Movimiento Tierra y Libertad, así como de la ONG Grufides, ha recibido reconocimientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el festival Berlinale, que premió un documental sobre su lucha.

Su oposición a Yanacocha lo convirtió en un personaje reconocido. Y también es cierto que su postura antiminera no admite los matices propios de un país en crecimiento que debe imponer estándares ambientales, pero que obtiene una mayoría de su renta de los socavones y cuyo potencial agrícola tiene techo. “Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia”, le explicó a la revista Time cuando lo nombró héroe ambiental en 2009. “Dios no debería ser adorado con productos que han causado sufrimiento y destruido la naturaleza”.

Para investigarlo trabajan equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) sin que ambas unidades coordinen entre sí, según fuentes policiales.

Ambas pesquisas están orientadas a conocer en profundidad las actividades de Arana y de sus seguidores, pero también sobre su vida privada, de acuerdo a fuentes confiables. No sería la primera vez (CARETAS 1956).

Para explicar su participación en los hechos del Cusco, inteligencia policial se remonta a una “reunión extraordinaria” ocurrida el 11 de marzo de 2012 en el Jr. San Pedro Nº 310, en Yauri. A dicha cita acudieron “el alcalde (Óscar) Mollohuanca y el padre Arana. Además contó con la participación de dirigentes de Tierra y Libertad, así como de regidores de la Municipalidad de Espinar. En esa reunión se desarrolló coordinaciones con miras a la radicalización de la agenda”.

El apresado Mollohuanca pertenece a Tierra y Libertad.

Según estas informaciones, durante todo marzo Arana organizó “congresos antimineros”: en las localidades de Chamaca, Chumbivilcas, Tintaya, Marquiri, Yauri y Espinar. “En el primer congreso de los nombrados se determinó, entre otros, conformar un Comité de Lucha contra el Corredor Minero (Cotabambas-Chumbivilcas y Espinar), mientras que en el segundo, efectuar una lucha frontal contra la minera Xstrata Tintaya y convocar indefectiblemente a una Huelga General Indefinida para el 21 de mayo”, indica una nota de inteligencia de la Dirin.

Según los documentos de inteligencia, “el pronunciamiento público del Sr. Arana en la provincia de Espinar se basó en tres temas por resolver: que la fundación Xstrata deje de actuar como un Estado en la zona, sin coordinar con los planes de desarrollo locales, que se atienda los pasivos y controles ambientales que vienen desde Tintaya y una mejor participación de las comunidades en la renta minera”.


Nota de inteligencia policial registra las presuntas actividades de Arana.

Se señala, además, que “el ex sacerdote remarcó en declaraciones periodísticas que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros”.

La Digimin señala que “con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, encabezada por Rut Luque y de Arana (las autoridades de Espinar) llegaron a contactar a las ONGs “CAFOD y MULTI-WATCH” y tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña), así como gestionarse una reunión con el Directorio y/o Gerencia Internacional de Xstrata y el Parlamento Europeo, a fin de hacerles conocer los “supuestos” atentados contra el Medio Ambiente así como contra los derechos fundamentales de las poblaciones cercanas a ellas”. La Digimin se refiere al viaje del alcalde Mollohuanca quien, según su récord migratorio, estuvo en Holanda entre el 26 de abril y el 4 de mayo.

Del mismo modo, Arana es ligado por inteligencia con el llamado “Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca”, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Nilton Sánchez y Edy León Benavides. La Dirin asegura que ambos vienen “promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín”.

Otro documento dibuja el posible alcance inmediato de las protestas:

“El escenario en la región Cusco –punto neurálgico desde donde se extenderían las protestas en el sur del país– se complicaría desde las provincias de Canchis en respaldo a Espinar, contra el Proyecto Salka Pucará y el respaldo a la región Cajamarca; Chumbivilcas, exigiendo el retiro definitivo de la minería en toda la provincia, entre ellas Hutbay, Anabi y Ares, y se extendería hacia Apurímac por la provincia de Cotabambas, en contra del Minero Ducto –que coincidentemente viene desde la provincia de Espinar, pasa por Canchis y Chumbivilcas para llegar a Las Bambas en Cotabambas, Apurímac– extendiéndose hacia Andahuaylas y Abancay, bloqueando la salida hacia Lima”. Allí está el origen de las advertencias del premier Valdés, quien antes de señalar a podridos, congelados e incendiarios, apuntó a las intenciones de frenar en seco Las Bambas, otro proyecto de Xstrata que demandará una inversión de US$ 4,200 millones, y donde el terreno social parecía haber sido asfaltado a lo largo de años.

Cajamarca: Otorgan concesión definitiva a AC Energía (Odebrecht) para operar en central hidroeléctrica Chadín 2

Lima, oct. 28. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó concesión definitiva a favor de la empresa AC Energía, para que desarrolle actividades de generación de energía eléctrica en la futura central hidroeléctrica Chadín, ubicada entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas.

Según resolución suprema publicada hoy, esta central hidroeléctrica, con una potencia instalada de 600 Megavatios (MW), se sitúa entre los distritos de Celendín, Chumuch y Cortegana, provincia de Celendín (Cajamarca); y entre los distritos de Ocumal, Pisuquia y Cocabamba, provincia de Luya, y en el distrito de Balsas, provincia de Chachapoyas (Amazonas).

Para ello, mediante la resolución directoral Nº 058-2014-MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mencionada central hidroeléctrica.

Es así que la Dirección General de Electricidad (DGE) resolvió otorgar dicha concesión, luego de haber verificado y evaluado que el solicitante cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas.

 

[DOCUMENTO] Pronunciamiento de la Cumbre de los Pueblo – Celendín