Perú: “Proyecto hidroeléctrico Chadín II sería insostenible ambiental y socialmente”

Foto: Actualidad Ambiental

El especialista del colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, José Serra, señaló que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Chadín II -aprobado a fines del mes pasado- no tomó en cuenta una serie de componentes que lo harían insostenible ambiental y socialmente.

En entrevista con Servindi, Serra dijo que dicho proyecto de AC Energía S.A., subsidiaria de la transnacional brasileña Odebrecht, tiene previsto ejecutarse en algunos distritos de las provincias de Luya y Chachapoyas (Amazonas), y en otros tantos de la provincia de Celendín (Cajamarca).

Serra Vega detalló que el proyecto desplazaría a cerca de mil pobladores para dar paso a la inundación de un área de 3,250 hectáreas. Asimismo, lamentó que no se quieran estudiar otras alternativas de aprovechamiento de la zona, a través de actividades como el turismo.

ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DEL EIA

Para el especialista, el EIA tiene cuatro aspectos negativos importantes: “Primero, la alteración del caudal del río, porque si usted pone un dique para bloquear el curso del río, lo que fluía antes según los pulsos estacionales, estación de lluvia, estación seca, ya no va fluir igual, porque el agua se va soltar según las necesidades de generación de electricidad y eso altera toda la vida aguas abajo de la represa”.

“Segundo, es que los sedimentos que antes bajaban con las aguas del río en la época de lluvias, serían bloqueados por la represa. En la época de lluvia bajan cantidades de arcilla, gravas, arenas, etcétera, que ahora van a quedarse acumuladas contra esa pared que van a encontrar, esos sedimentos traen cantidades de vida, traen microorganismos, elementos minerales que son necesarios para la vida del río, río abajo”, agregó.

Como tercer punto negativo, Serra dijo que “los peces ya no podrán subir y bajar el río. Según el EIA hay 21 especies pero pueden ser más porque, como le digo, el río nunca ha sido estudiado desde el punto de vista científico y algunas de esas especies se extinguirán definitivamente porque tienen sitios de desove que seguramente está aguas arriba y ya no tendrán probabilidad de llegar a ellos”.

Asimismo, señala que “el cuarto punto es la deforestación, porque yo he calculado que unas 12 mil hectáreas serían deforestadas, la compañía promete compensar con la reforestación de 5 mil hectáreas pero hay una parte importante que no sería compensada si mis cálculos son correctos”.

Por otro lado, agrega Serra, el EIA también tiene puntos positivos. “La parte positiva es que han hecho algunos estudios sobre la botánica, la fauna, la flora, de una zona que es completamente desconocida desde el punto de vista científico. Esto es un aporte al conocimiento del Valle del Marañón. Desde el punto de vista estricto de EIA me parece que hay muchas cosas que ellos no han resuelto y que el Ministerio (de Energía y Minas) no les ha exigido”, indicó.

IMPACTO AGUAS ABAJO

Serra Vega también se refirió el posible impacto que sufrirían las poblaciones que viven aguas abajo de la represa. “El EIA no ha considerado el impacto en la población aguas abajo de la represa. O sea, es verdad que no hay mucha población, son cañones relativamente despoblados pero así y todo hay un impacto que puede ser de larga distancia, el río Marañón es uno de los afluentes que forman el río Amazonas. Los peces viajan a lo largo del Marañón. Entonces hay impacto definitivamente aguas abajo pero que no ha sido evaluado”, manifestó.

Fuente: Actualidad Ambiental – http://www.actualidadambiental.pe/?p=21860

Cajamarca: Debaten impactos de proyecto hidroeléctrico Chadín 2 de Odebrecht

20/08/2013 – Diversas organizaciones nacionales e internacionales se reunieron el 17 de agosto en la provincia de Celendín (Cajamarca), en el marco del foro “Hidroeléctricas en la Amazonía – Ríos, vida e industrias extractivas” donde analizaron el peligro que representa la eventual construcción de 24 represas en el río Marañón, y especialmente el proyecto Chadín 2.

“El río Marañón es la segunda cuenca más importante del país luego del Amazonas por lo que de construirse una represa en esta zona ocasionaría miles de desplazamientos forzados, así como una serie de graves impactos en toda la Amazonía. Sólo el proyecto Chadín 2, afectaría directamente a aproximadamente 983 personas, en las regiones de Cajamarca y Amazonas, quiénes perderían no sólo sus terrenos sino también su forma de vida y su cultura”, indicó Antonio Zambrano Allende, representante de Forum Solidaridad Perú.

Agregó que junto con las organizaciones sociales nacionales e internacionales realizaron una recorrido de varios días por distintos distritos y centros poblados, los cuales serían afectados directamente por esta represa.

En tanto, José Serra Vega, ingeniero especialista en hidroeléctricas, señaló que viene realizando un estudio sobre el costo – beneficio de este proyecto hidroeléctrico – el más avanzado hasta el momento en la cuenca del Marañón – para demostrar científicamente que los beneficios de este proyecto serán altamente superados por los impactos y costos de construcción, ambientales, culturales y sociales. “En diciembre debemos culminar este estudio y cuando lo tengamos listo, regresaremos a estas zonas a exponerlo y explicarlo a la gente afectada directa e indirectamente”, señaló.

Entre los participantes destacaron también Hilda Montenegro y Aurelia Matos, representantes de los afectados por la presa Limón del proyecto de irrigación Olmos Tinajones, construida por la empresa Odebrecht – la misma del proyecto Chadín 2 – quiénes rindieron su testimonio sobre los graves impactos de dichos megaproyectos.

El evento, realizado en la Casa del Maestro de Celendín, tuvo como ponentes a James Fernández, Sub Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca; José Serra Vega, ingeniero especialista en hidroeléctricas; Antonio Zambrano, representante de Forum Solidaridad Perú; Milton Sánchez, representante de la Plataforma Interinstitucional de la Celendín (PIC), así como a Benjamin Hoffman y Monti Aguirre, integrantes de las ONGs internacionales Earth Rights International e International Rivers, respectivamente.
 

Documental: Rio Marañon sin represas

Peru: Inversión en minería será más de US$ 22.580 millones hasta el 2016 pero necesita urgente HIDROELECTRICAS

A tajo abierto. Así realizan las labores de explotación de los recursos naturales en Antamina, un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre en la región Áncash.
Buena cifra. Estudio de Peru Top Publications revela que existen 17 proyectos aprobados que deberían salir en los próximos meses. Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirma que las medidas dadas por el Ejecutivo destrabarán el portafolio de proyectos, que alcanza los US$ 56.500 millones.

Por Luis Felipe Gamarra.

Desde las primeras crónicas del siglo XV –narradas por los españoles Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gomara, José de Acosta y Porres, Pedro Sánchez de La Hoz y Marcos Jiménez de La Espada–, hasta el último reporte del Departamento de Estudios Geológicos de Estados Unidos (U.S. Geological Survey) de 2012, está claro que el Perú, donde yace una de las reservas más importantes de metales en el mundo, posee la capacidad para convertirse en una potencia global en minería. Además de ser el sexto país más atractivo para las empresas exploradoras, conocidas en el sector como ‘juniors’, cuya inversión alcanzó el 2012 los US$ 1.025 millones, el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking global en inversión minera, que al final del 2013 sumará la cifra récord de US$ 9.920 millones, 15% más que el año pasado.

Portafolio de proyectos

Según Magaly Arellano, investigadora principal de Peru Top Publications, que acaba de editar el libro Proyectos y prospectos mineros 2013-2016, hay un portafolio de 54 proyectos por US$ 56.540 millones hasta el 2020. De esta cartera, 17 poseen Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, por US$ 22.580 millones, que podrían ejecutarse en el periodo 2013-2016. En cobre, el más importante es Toromocho, de Chinalco, cuya inversión será US$ 1.520 millones más al cálculo inicial, hasta alcanzar los US$ 4.820 millones.

Con Toromocho, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, estima que el Perú estaría a un 50% de alcanzar la producción chilena, escalando hasta el segundo lugar en producción del metal rojo, por encima de China, recuperando el lugar que ocupó el país desde 1999. Le siguen Cuajone (US$ 300 millones), Toquepala (US$ 640 millones), Constancia (US$ 1.546 millones), Las Bambas (US$ 5.200 millones), Mina Justa (US$ 745 millones), Cerro Verde (US$ 4.400 millones) y Quellaveco (US$ 3.300 millones), proyecto en manos de Anglo American, que podría tener luz verde en agosto.

En esta lista de 17 proyectos, destacan en plata Inmaculada (US$ 370 millones), Alpamarca (US$ 120 millones) y Óxidos AG (US$ 140 millones). En hierro están Marcona (US$ 1.200 millones), en zinc Colquijirca (US$ 305 millones) y Santander (US$ 73 millones), y en fosfatos Bayóvar (US$ 520 millones).

Para Arellano, estos proyectos no se ejecutaron hasta la fecha debido a la falta de liderazgo de la administración Humala, cuya política para reducir la conflictividad aún no alcanza los objetivos trazados. Por ese motivo, hasta el 2012, el Perú cayó en los rankings más importantes en competitividad minera. En el índice Fraser el Perú cayó del puesto 27 al 58 en solo cinco años. En el reporte de Behre Dolbear, el Perú ha retrocedido tres puntos desde 2010, facilitando el ascenso de Colombia. No obstante, según Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las medidas lanzadas por el Ejecutivo revelan un interés genuino por revertir este escenario.

“El presidente Humala no ha expresado que está a favor de la gran inversión minera. Nosotros le hemos dicho que nos preocupan dos cosas: la ‘permisología’, así como los conflictos sociales. Si el gobierno logra enfrentar con éxito estos dos factores, tal como se ha comprometido, el Perú no solo podría sumar una cartera por encima de los US$ 100 mil millones, sino recuperar posiciones en los índices de competitividad”, afirma Arias con optimismo.

En un escenario global en el que los precios de los metales caen, arrastrando hasta el fondo la exportación de minerales, Arellano cree que el Ejecutivo debe concentrar su mira en sacar adelante los proyectos más avanzados, para compensar la caída en la canasta exportadora. Pero no será fácil.

Según Alberto Benavides de la Quintana, ex presidente de Buenaventura, con más de sesenta años en el sector, sacar adelante los proyectos mineros nunca ha sido fácil en el Perú. Para Benavides, el siglo pasado, los años con más actividad han sido solo dos. En 1950, el año en el que se aprobó el Código de Minería, cuyo texto lo preparó el ingeniero Mario Samamé Boggio. Este facilitó el ingreso de empresas como Southern Copper Corporation, Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining Company. Más tarde, en 1993, en el que la nueva Constitución posibilitó la ejecución de depósitos como Yanacocha, así como el hallazgo de Conga.

Proyectos de clase mundial, como Antamina, existen desde el siglo XVIII, pero pasaron siglos para que entraran en operación.

Conga, ¿va o no va?

Paradójicamente, en el listado de Perú Top Publications con proyectos con más probabilidades de entrar en operación hasta el 2016 Conga no figura. Se trata del más emblemático de la cartera de 54 proyectos, no solo por los conflictos que desató desde fines del 2011, año en el que debería haber entrado en ejecución, sino por sus reservas.

Según el ranking Top 50 de depósitos sin ejecutar 2012 realizado por Natural Resources Holding, Conga posee reservas probadas hasta por 17,5 millones de onzas, cifra que hace de Conga el depósito N°18 en el ranking global. Pese a que su producción podría generar alrededor de US$ 3.000 millones entre tributos, regalías y canon, Arellano estima que este proyecto se podría encarpetar más allá del 2017 debido a los conflictos en Cajamarca.

Para este 2013, Newmont Mining redujo en el Perú en 66% su inversión programada. “La empresa comunicó el despido de 50 trabajadores. El proyecto tenía alrededor de 250 personas contratadas, pero, como las cosas no caminan, no tenía sentido mantener al personal. El costo promedio por trabajador en un proyecto de este tamaño es entre S/. 8.000 y S/. 9.000. Es bastante caro sostener la planilla de una obra que no se ejecuta”, explica Arellano.

Para algunos analistas, la postergación de este proyecto se debe al desplome del precio del oro, que cayó a US$ 1.380 la onza. Según Nouriel Roubini, conocido como Dr. Doom por sus pronósticos fatales pero certeros, el precio de este metal, en vez de recuperarse, seguiría cayendo hasta alcanzar al 2015 los US$ 1.000 por onza, provocando que más empresas en el mundo reevalúen sus emprendimientos. No obstante, para Arellano, que ha entrevistado a muchos CEO del sector, estos proyectos son de largo plazo, por lo que los precios actuales, que quizá afectan los costos versus la rentabilidad proyectada, no son clave a la hora de definir la ejecución. “La cantidad de oro que va a producir Conga al año, del orden de las 680.000 onzas al año, amerita la inversión. En tanto Newmont y Buenaventura explican que se trata de un proyecto clave, porque reemplazaría la producción de Yanacocha, cuyas reservas ya se están agotando. No es un tema de precios”.

Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, confirma este enfoque. “La producción de oro viene cayendo hace ocho años, esto es un reflejo de la paralización de los proyectos y las ampliaciones”, asegura Benavides. Según Arellano, si Conga no se ejecuta, no se generará un efecto dominó en el resto de la cartera, pero sí confirmará que la parálisis en la actividad no es solo percepción. “No debemos ser alarmistas. Conga entró a la congeladora el 2011, pero la cartera está parada hace ocho años. Debemos preocuparnos no solo por Conga, sino por el resto del portafolio. Las empresas siguen sumando proyectos pero ninguno se ejecuta”, aclara Arellano.

Falta Energía

Existe un factor que le preocupa a Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), entrevistada para este estudio. La representante del gremio minero señala que se necesita un impulso en inversión en energía eléctrica, clave para sostener el crecimiento de la cartera de proyectos al 2020. “No estamos preocupados, por lo menos hasta el 2018. Pero, si no comenzamos a sembrar proyectos en energía, en gas, para centrales de ciclo combinado, habrá problemas para todo el aparato productivo”, expresa Arias.

Según el libro de Perú Top Publications, el 63% del portafolio de proyectos estimados al 2020 se ejecutarán en el sur, los cuales demandarán alrededor de 1.590 MW, que en este momento el Perú no posee. En el norte se necesitarán otros 750 MW, y en el sur otros 245MW, cifras que establecen la necesidad de incrementar la oferta energética en un 40%.

El Estudio Laub & Quijandría precisa que se necesitará invertir alrededor de US$ 26.530 millones en proyectos de energía hasta el 2020, para duplicar la oferta energética, no solo para atender la demanda minera, sino la del resto del país.

Poner el hombro

Según Arellano, las medidas que ha lanzado el Ejecutivo para recuperar la confianza son parte de una solución a largo plazo. Estas medidas, que buscan agilizar los trámites como el CIRA, vinculado a los restos arqueológicos, o el EIA, podrían acelerar proyectos por US$ 15.000 millones. Sin embargo, dice esta experta, para que se agilice el sector no solo se necesitará el compromiso del Ejecutivo, sino el del mismo sector privado.

Arellano destaca tres modelos que contribuyen con reducir el clima de conflictividad. Por un lado, Quellaveco (Anglo American) dispuso un capital social por US$ 1.000 millones, para los 36 años de vida del proyecto, para obras de infraestructura social. Por otro, la exploración de la mina Ollachea (Minera IRL), en la que la empresa ha incorporado como accionistas a la comunidad con el 5% de participación. Por último, el caso de Magistral (Milpo), que pagará cada año el 2% de sus ingresos por ventas netas a la comunidad. “Las empresas deben comunicarse mejor, si no lo hacen, el Estado tampoco lo podrá hacer”.

Claves

Plata. El Perú posee 3.858 millones de onzas de plata, el 22% de la reserva mundial, la más importante del mundo.

Impacto. Según la Asociación de Proveedores de minas, el 2012 las mineras ejecutaron compras por US$ 9.000 millones, de los que el 80% se hizo a proveedores locales.

Los datos

El libro de Peru Top Publications identifica 440 proyectos mineros, así como 360 prospectos de exploración, en 20 regiones, que ocupan alrededor del 20% del territorio nacional, cuyo monto en inversión es difícil de ponderar, pero revela, una vez más, el carácter minero del Perú.

13% son las reservas de cobre en el ámbito global.

4% del oro del mundo se encuentra en el Perú.

8,3% del total del PBI peruano representa la minería.

10 mil mills de US$ de inversión al año se estima en minería.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/27-06-2013/inversion-en-mineria-sera-mas-de-us-22580-millones-hasta-el-2016

50% del bosque del Marañón se ha perdido y oso andino es clave para conservarlo

Por: Raisa Ferrer
El bosque seco del Marañón es probablemente una de las regiones ecológicas menos exploradas científicamente del Perú y con una alta tasa de especies exclusivas del lugar (‘endemismo biológico’). Se caracteriza por sus altos cactus, puyas y matorrales, y por presentar un clima árido, donde las lluvias solo llegan tres meses al año y pese a lo anterior aún no se encuentra bajo protección en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado Peruano.

Según un estudio reciente que buscó la propuesta de áreas de conservación prioritarias en elbosque seco del Marañón, entre Cajamarca y Amazonas, se encontró que aproximadamente el 50% de este bosque se ha perdido, debido a las diversas actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería, infraestructura, etc.

Pese a lo anterior, se pudo identificar algunas áreas que aún se encuentran en buen estado, y que tendrían comunicación con los bosques montanos (selva alta) de ambas regiones. Ambas representan áreas que se plantea estudiar con más detalle y así se tendrá mayor información acerca de aquello que el Estado debe proteger.

El estudio fue dirigido por los investigadores peruanos Judith Figueroa, Marcelo Stucchi y Roxana Rojas-VeraPinto, de la Asociación para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad (AICB) y financiado por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y se realizó tomando como especie “sombrilla“, aquella que al ser protegida conserva de forma indirecta la vida muchas otras especies que componen el ecosistema, al oso andino u oso de anteojos, la única especie de úrsido que habita en América del Sur y que se encuentra en peligro de extinción.

Asimismo, los osos andinos o de anteojos cumplen importantes funciones en el ecosistema, pues son reforestadores naturales, que expulsan semillas a través de sus heces tras ingerir algún fruto del bosque.

—-

Más información sobre el estudio en: https://www.box.com/s/scnfwpsgap3zxuasuyho
Más información sobre el oso andino en: https://www.sites.google.com/site/aicbperu/oso-andino

PROYECTO MARAÑON, La guerra contra la Amazonía continúa.

Por: Antonio Zambrano Allende

Algunas veces pensar en lo peor para acertar sobre algún pronóstico termina dando mejores resultados que imaginarse que algo bueno pueda suceder.

El 21 de Julio del presente se aprobó por el Congreso de la República la Ley 29760 “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de trasvase del Río Marañón y el represamiento y la derivación del Río Huallaga para fines hidroenergéticos y agrícola” esta es un paso más luego de que el DS 020-2011 del MINEM y la RS 342-2010 le abrieran el camino para que, finalmente, se inicie el proceso de represamiento de dos de las principales vertientes del Río Amazonas.

Obviamente nadie escuchó en el transcurso de este tiempo las voces que se levantaron contra esta iniciativa. Sin sangre de por medio no era necesario tomar en cuenta los pronunciamientos del Gobierno Regional de Loreto y de innumerables medios de comunicación (Radio, prensa escrita y blogs) que pretendieron hacer sentir su disconformidad ante esta norma, para variar, no consultada y que abre un nuevo ciclo en la famosa integración sudamericana, proceso que se ha convertido en una quimera de los intereses brasileños en nuestro territorio y que no se ha detenido desde que en el año 2000 se firmó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA.

Que significa esto. En primer lugar, la evidente triplicación de nuestra capacidad energética nacional instalada (el proyecto Marañón generaría 12430 Mw de energía) con el fin de exportarla o venderla en el mercado libre nacional, impactando “de taquito” en al menos siete regiones del país (Amazonas, Loreto, Cajamarca, San Martín, La Libertad, Ancash y Huánuco) tanto a su población como a su medio ambiente. Lo que no es tan fácil dilucidar, pero que se puede leer con un poco de agudeza, es el tipo de faenón de enormes proporciones que se podrían concluir entre Odebrecht, Electrobras y el gobierno García para privatizar el agua, la energía y expropiar tierras en grandes cantidades.

El proyecto que impediría el tránsito de nutrientes que alimentan el Amazonas y gran parte de los ríos de la sierra norte del Perú, muy probablemente significaría la reproducción en gran escala de lo que ha significado hasta hoy el desarrollo del proyecto Olmos en Lambayeque: la expropiación de tierras a los pequeños agricultores; la ampliación de la frontera agrícola hacia el monocultivo agroindustrial para exportación de alimentos; la conversión de los pequeños agricultores en peones o su migración forzosa a las ciudades y la privatización del agua. Todo esto sin contar los daños o desapariciones de las especies tanto en los ríos como en las zonas a inundar, especialmente en zonas de selva en donde la putrefacción de la vegetación genera inmensas cantidades de gas metano (capaz de generar 21 veces más “efecto invernadero” que el CO2).

Por supuesto, poco de esto es de interés real por el – hasta hoy- pusilánime Ministerio de Medio Ambiente que tal parece tiene el mismo enfoque que su par Brasileño – IBASA cuando este último argumenta: “Nosotros estamos para minimizar los daños no para cuidar el ambiente”.

 

Nota de Prensa sobre C. H. Chadin 2 de Odebrecht – Federacion de Rondas Campesinas de Amazonas

MEM renovó concesión temporal para proyecto Central Hidroeléctrica del Norte… ¿Odebrecht?

MEM renovó concesión temporal para proyecto Central Hidroeléctrica del Norte
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) renovó hoy la concesión temporal otorgada a favor de Central Hidroeléctrica del Norte para que concluya los estudios relacionados con la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica del Norte, que tendría una potencia instalada de 600 megavatios (Mw).

Esta renovación será por un plazo adicional de un año contado a partir de mayo del 2012, según una resolución del MEM publicada hoy.

En dicho período se mantienen todos los derechos y obligaciones a que se encuentra sujeta la empresa conforme la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

El MEM explicó que el 29 de mayo del 2010 otorgó la concesión a la empresa para que desarrolle los mencionados estudios por un plazo de 24 meses en el distrito de Choropampa, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

Sin embargo, al no poder cumplir con el plazo otorgado, Central Hidroeléctrica del Norte solicitó el 18 de abril del 2012 la renovación de la concesión para concluir con los estudios citados.

La empresa sustentó su solicitud en razones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales giran en torno a conflictos sociales ocurridos en la zona del proyecto, y que generaron la demora en la elaboración de los estudios.

Fuente: Andina

Cajamarca-Amazonas: Se forma Frente de Defensa del Marañón

Se forma Frente de Defensa del Marañón
11/09/2012 – Unos 150  representantes de las comunidades aledañas al río Marañón, tanto de Cajamarca como del Amazonas, se dieron cita en el anexo de Choropampa en la región Amazonas para discutir acerca de los impactos que generaría tanto la construcción de la hidroeléctrica Chadín 2 como el proyecto hidroeléctrico Marañón en sus comunidades, economías locales y estilos de vida.

Pobladores de las comunidades de San Ramón, Cortegana, Chumuch, Tupén, Mendán, Rambran y Choropampa recibieron información acerca de la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía de parte de los representantes de Forum Solidaridad Perú (Lima), Grufides (Cajamarca) y el Frente de Defensa de Amazonas (Amazonas).

Tras la exposición, se debatió la creación de una Frente de defensa con el fin de conocer más de cerca la problemática e impactos que generaría a sus localidades y al medio ambiente la construcción de 20 hidroeléctricas en el Río Marañón, previsto según el Decreto Supremo 020-2011-EM. Luego de la exposición de motivos, se conformó el Frente de Defensa del Marañón integrada por Elio Díaz Cevallos de la comunidad de Mendán, cómo Presidente, Ángeles Marín de Choropampa como Vicepresidente y asimismo se nombraron coordinadores por cada una de las comunidades afectadas.

Como uno de los principales acuerdos, los pobladores decidieron no vender sus tierras a la empresa AC Energía (Odebrecht)  quienes poseen una concesión temporal del proyecto otorgada por el MINEM.

Cabe recordar que, tal como expresaron los asistentes, hasta el día de hoy, ninguno ha sido consultado sobre la ejecución del mencionado proyecto. Sin embargo, la empresa en mención, ya ha presentado el EIA del proyecto en diferentes talleres informativos realizados en las comunidades.

La gran batalla contra las represas

Madrid, 21 agosto 2012
Por Luis Esteban G. Manrique

(Especial para Infolatam).-

En un artículo publicado en 1853 en The New York Tribune, Karl Marx observó que cuanto más colosales son las obras hidráulicas que emprende un Estado, más despóticos son sus gobernantes porque la necesidad de coordinar el uso del agua en amplias extensiones territoriales provoca una mínima resistencia ante el despotismo.

Pero en el siglo XX, todo tipo de sistemas políticos se aficionaron a la imagen que proyectaban las grandes presas: la idea de un Estado enérgico y resuelto capaz de doblegar a la naturaleza. Políticos tan distintos como Franklin Roosevelt o Gamal Abdel Nasser demostraron su gran afición a construir presas, a las que Nehru llamó “los templos de la India moderna”.

Debido a los daños medioambientales que causan, las represas se han convertido en muchas regiones del mundo en un anacronismo. Pero en otras, muchos gobiernos siguen viendo en ellas una fuente de energía imprescindible. Hoy aproximadamente dos tercios de las corrientes fluviales del planeta pasan por encima o a través de algún tipo de dique. El 20% de la electricidad que se genera a escala global es de origen hidroeléctrico.

Brasil, Canadá, Venezuela, Chile, Myanmar y Nepal, entre otros países, están construyendo o proyectando una docena de grandes nuevas represas. China terminó en octubre de 2010 la “madre” de todas ellas: la de las Tres Gargantas, en el Yangtsé, el mayor río de Asia, en el que el mayor proyecto hidráulico de la historia, relegando a la de Itaipú, sobre el río Paraná, al segundo lugar y a la del Guri (Venezuela) al tercero. La presa ha desplazado a dos millones de personas y aumentado en un 10% la capacidad hidroeléctrica del país.

Pero a medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen las protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan suspendido o cancelado. En Myanmar, por ejemplo, el régimen militar se vio obligado a paralizar el año pasado la construcción de la presa de Myitsone, financiada por China, que iba a recibir el 90% de la electricidad generada, por el amplio movimiento de rechazo de los pobladores de la cuenca del río Irawady, el más caudaloso del país. Según Human Rights Watch, la insurrección de una guerrilla secesionista étnica que ha provocado unos 75.000 desplazados, fue una consecuencia directa de ese proyecto.

Las guerras del agua

En América Latina, los movimientos ecologistas y los pueblos indígenas ya han forzado la cancelación de varios proyectos hidroeléctricos en la Amazonía y la Patagonia. El 68% de la electricidad que consume la región proviene de fuentes hidroeléctricas, que generan energía limpia y barata, controlan los flujos fluviales y dirigen agua para irrigar tierras áridas.

En un esfuerzo por reducir su dependencia de los combustibles fósiles, y en parte en respuesta a la presión internacional para usar energías renovables que reduzcan las emisiones de carbono, diversos países de la región han apostado por los proyectos hidroeléctricos, aparentemente ideales dadas sus grandes reservas de agua dulce y escasos recursos energéticos alternativos. El problema es que, al mismo tiempo,  las represas desvían ríos, destruyen ecosistemas frágiles, desplazan comunidades enteras e inundan enormes territorios.

En Brasil, Belo Monte expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica

Desde Yucatán a la Tierra del Fuego, la región posee el 31% del agua dulce del mundo, pero 500 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 125 millones carecen de servicios de saneamiento y el 40% vive en zonas que cuentan solo con un 10% de los recurso hídricos de la región. Esa convergencia de factores es un cóctel explosivo. Según USAID, la agencia para la cooperación de la desarrollo de EE UU, en los últimos 60 años por lo menos el 40% de todos los conflictos interestatales tuvieron un vínculo con los recursos naturales, gran parte de ellos causados por disputas en torno al agua.

En ninguna otra región el desafío ecológico y social es mayor que en la Amazonía. Ocho países -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam- comparten la mayor cuenca hidrológica del mundo: más de siete millones de kilómetros cuadrados que contienen más de la mitad de los bosques tropicales que subsisten en el mundo.

El Amazonas descarga el 20% del agua de todos los ríos que fluyen a los océanos del mundo, es decir un volumen mayor que el de los ocho ríos siguientes, lo que hace de la cuenca amazónica un filón hidroeléctrico… pero también un foco de conflictos. Solo la represa de Balbina sobre el río Uatumá, al norte de Manaos, produjo tras inauguración en 1987 la inundación de 2.000 kilómetros cuadrados de bosques vírgenes. Las 80 represas planificadas o en construcción en la Amazonía brasileña podrían inundar 12 millones de hectáreas más.

Esa demanda de energía hidroeléctrica puede ser incompatible con la preservación de los ecosistemas amazónicos. En la Patagonia ocurre algo similar. En el Perú, una de las primeras medias del gobierno de Ollanta Humala fue cancelar el plan anunciado por el ex presidente Alan García de construir 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón, uno de los dos principales afluentes del Amazonas, con una inversión estimada de 15.000 millones de dólares, lo que iba permitir al país exportar energía por valor de 6.000 millones de dólares anuales y atender la demanda de la gran industria minera.

Humala tuvo muy en cuenta que en la provincia de Bagua, en esa misma zona, en 2009 una revuelta de pueblos indígenas contra proyectos petroleros causó la muerte de 33 personas, 24 de ellas policías. Sin embargo, el presidente aún no ha decidido que hará con el proyecto de la represa Pakitzapango, que generaría 2.000 megavatios e inundaría el valle del río Ene, poblada por la etnia asháninka, una de las más golpeadas durante la campaña antisubversiva contra Sendero Luminoso. De las 70.000 vidas que se cobró el conflicto, 6.000 fueron miembros de esa etnia y varios miles más se convirtieron en refugiados internos.

El proyecto es parte de un plan para construir cinco represas que generarían 6.500 megavatios, la mayor parte para su exportación a Brasil. Por ahora, el debate del proyecto está estancado en el Congreso, aunque muchos analistas creen que en la próxima vista a Lima de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, terminará por inclinar la decisión de Humala a favor del proyecto. La Central Asháninka del Río Ene ya ha presentado una demanda judicial para que el gobierno revele  los planes de viabilidad del proyecto.

En Chile, la oposición popular al megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, conformado por cinco represas que iban a suponer una inversión de 3.200 millones de dólares, la inundación de 5.000 hectáreas y la generación de 2.750 megavatios, lo que iba a aumentar en un 15% la capacidad eléctrica del país hacia 2020, ha forzado al gobierno de Sebastián Piñera a suspender indefinidamente el proyecto.

Las masivas marchas de protesta que se sucedieron a lo largo de varios meses desde el norte al sur del país, lo que judicializó el proceso pese a que el Tribunal Supremo dio luz verde al proyecto, e hizo caer la aprobación del gobierno, terminaron por convencer a Piñera de la inutilidad del empeño a pesar de que él mismo había advertido que los racionamientos de energía se generalizarán en los próximos años a menos que Chile reduzca su dependencia de las importaciones de gas de Argentina.

Chile tiene un déficit de energía que le exige duplicar su capacidad de generación actual en los próximos 15 años. El país importa el 96% del petróleo y el 76% de la energía que consume. Según la Agencia Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), desde 1998 los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado.

Pero las protestas obligaron al gobierno a solicitar nuevas evaluaciones medioambientales antes de seguir adelante con el proyecto. La comisión que evaluó originalmente las consecuencias medioambientales del proyecto, solo analizó sus efectos inmediatos sobre los ecosistemas, no los que tendrán de largo plazo.

Al final, el pasado junio, el grupo privado Colbún pidió a Enel-Endesa -su socia en HidroAysén- suspender la tramitación de la línea de transmisión del proyecto y la suspensión de los estudios medioambientales, denunciando que el gobierno carecía de una política energética. La sequía de este año complica más las cosas: la hidroelectricidad, que significa en condiciones normales entre el 50% y el 60% de la matriz, durante el pasado abril contribuyó sólo con el 31%.

La batalla del Amazonas

En Brasil, el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte requerirá una inversión de 16.000 millones de dólares para generar 11.200 megavatios. Pero el reservorio que creará inundará 48.000 hectáreas en la cuenca del río Xingú, tributario del Amazonas en el Estado de Pará, lo que expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica y liberará enormes cantidades de metano a la atmósfera por la descomposición de la vegetación que quedará bajo las aguas.

La represa brasileña-paraguaya de Itaipú desplazó a 10.000 familias que vivían en las riberas del río Paraná e inundó el parque nacional de las Cataratas de Guaira. Pero esa represa fue aprobada bajo un régimen militar cuando la conciencia medioambiental era mínima.

A medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen las protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan suspendido o cancelado

Ahora es distinto. Las protestas del movimiento ‘Xingú Vivo Para Sempre’ y de las tribus amazónicas locales, que han atacado repetidamente sus instalaciones con arcos y flechas han atraído la atención internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y personalidades mundiales como Bill Clinton y James Cameron, director de la oscarizada Avatar, han pedido al gobierno brasileño que suspenda la construcción de Belo Monte.

Sin embargo, Brasilia no va a ceder ante esas presiones. Brasil probablemente será la quinta economía mundial en 2017. Para entonces, sus necesidades de suministro eléctrico habrán aumentado un 56%. El gigante suramericano tiene además recursos públicos suficientes para financiar sus ambiciones. El estatal Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES) concede créditos que multiplican por cuatro los del Banco Mundial.

La primer turbina de la represa estará operativa en tres años y el proyecto entero, que incluye dos represas, dos canales, dos reservorios y un sistema de diques, en 2020. Belo Monte es solo una de las 48 represas que se van a construir en la Amazonía brasileña hasta 2020. Según la ONG International Rivers Network de Berkeley (California), el proyecto removerá más tierra que la construcción del canal de Panamá.

La contradicción quedó patente cuando en la reciente conferencia de desarrollo sostenible de la ONU en Río de Janeiro, tribus amazónicas protestaban en las calles mientras Rousseff firmaba la declaración final en la que se comprometía  a luchar por un mundo “más verde y limpio”.

Según Philip Fearnside, profesor del Instituto Nacional para la Investigación de la Amazonía, “Belo Monte es la punta de lanza para desmantelar el sistema entero de regulaciones y licencias medioambientales”. James Anaya, relator de la ONU para derechos de los pueblos indígenas, no cree que el gobierno de Brasilia haya cumplido sus obligaciones de consultar a las etnias locales. Fearnside denuncia que solo un 25% de la energía que generará Belo Monte irá para satisfacer el consumo de los hogares. Casi el 30% alimentará industrias pesadas como la del aluminio.

Auto Directorial 169-2012-MEM-AAE, Evaluación EIA Chadin 2 de #Oderbecht/AC Energia – Observaciones

El Gasoducto Andino Sur reforzará la expansión minera del Perú

 
Por Marc Gavaldà*

15 de julio, 2012.- Perú vive un escenario social complejo encendido por la represión contra la oposición de la población local contra los proyectos mineros. Ante una postura cada vez más firme y desenmascarada de un gobierno servil a los intereses de la minería, será preciso analizar con lupa también los proyectos energéticos que enquistarán al país en el monocultivo extractivista. El Gasoducto Andino Sur, vendido como la oportunidad para consumir el gas de Camisea a nivel interno es uno de ellos.

Hasta la fecha, del complejo de Camisea, en el corazón de la selva urubambina, salen dos gasoductos, uno de líquidos de gas y otro de gas natural, que transportan las reservas del lote 88 hasta los mercados nacionales e internacionales. A parte, otro gasoducto está en fase avanzada de diseño, el Log Sur –antes llamado Log Selva– para hacer lo mismo de las reservas del lote 56 y 57.
En 2011, se difunde la puesta en marcha de un nuevo gasoducto, esta vez para que Petrobras venda el gas del lote 58, así como de los lotes vecinos 57 y 88. El objetivo, dijeron, “es sacar el gas para, esta vez sí, motivar el consumo interno de energía barata que genere desarrollo para el sur del país”. Examinemos hasta qué punto.
 

Petrobras construye un nuevo gasoducto

El proyecto Gasoducto Andino Sur, con una longitud de 1.071.5 kilómetros, incluye tres ductos, uno de gas natural, otro de líquidos de gas y un tercero de etano. Además, una planta de separación en la selva y una planta de fraccionamiento en Ilo. En esta última, que ya han anunciado que será la más grande del país, los líquidos de gas serán transformados en propano, nafta y otros derivados.
La compañía constructora del proyecto es la Kuntur Transportadora de Gas, empresa de propiedad de la norteamericana Conduit, y en la cual las brasileñas Petrobras (que ha encontrado gas en el Lote 58) y Odebrecht evalúan adquirir el 51% de las acciones. La inversión aproximada requerida era de US$ 1.200 millones, pero a medida que se agilizaban los trámites de otorgación de la licencia ambiental, la empresa llegó a más que duplicar la promesa de inversión hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares.
 

Insumos para la minería
 
Cuando el gasoducto esté en funcionamiento, Kuntur promete suministrar con el gas de Camisea los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Lo que no está claro todavía, es si el gas llegará para consumo doméstico, o se destinará principalmente a alimentar a los grandes centros mineros del sur del Perú, los cuales han generado contundentes manifestaciones de rechazo últimamente. Valga recordar el levantamiento aymara en las ciudades de Puno y Juliaca con la despedida represiva que ofició el gobierno de Alan García, semanas antes de dejar el cargo.
 
De esta manera, cruzando los intereses de las transnacionales mineras para tener energía barata, con los de las corporaciones gasíferas de tener mercados cercanos y solventes, queda en cuestión si la población de las provincias del sur peruano, será la pretendida beneficiada por el Gasoducto Andino Sur, o más bien la perjudicada. Lo que es evidente, es que el poder extractivo de las mineras aumentará con el suministro y que esto generará más conflictos con las comunidades que se oponen a hipotecar el futuro de sus tierras y sus recursos hídricos a una actividad tan contaminante.
No hay que perder de vista, además de las minas, los emprendimientos industriales que esperan la llegada del gas al sur del Perú. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas (2009) en la población de Marcona, existe un proyecto de construir una petroquímica para producir amoníaco y un millón de toneladas anuales de urea. Esta producción sería alimentada con 99 millones de pies cúbicos de gas diarios.
 
En la misma población, otra empresa, la Orica Mining, consumiría 10 millones de pies cúbicos al día para fabricar nitrato de amonio. En Pisco, existe otro proyecto del consorcio chileno Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers para construir una petroquímica con el horizonte de producir 700 mil toneladas de amoníaco y 350 mil toneladas de nitrato de amonio.
 
Movilizaciones por el gas
 
Como sabemos, la población del amplio Sur Peruano, ha visibilizado mediante movilizaciones su rechazo al saqueo de recursos. En junio de 2010, la lucha de la provincia de La Convención contra la exportación del gas, se alió con sus vecinos del departamento de Puno que luchaban contra la Central Hidroeléctrica de Inambari. Los días 17 y 18 de junio se paralizaron ambas provincias, cuyo pliego petitorio de la movilización anhelaba detener la exportación del gas de Camisea, la ejecución de megaproyectos como las hidroeléctricas de Inambari y Salcca Pucara y el cese a concesiones mineras en lugares donde la población estaba en contra.
 
Un amplio reclamo ha sido, como también lo fue en la Guerra del Gas de Bolivia en 2003, la industrialización en el país para evitar exportar una materia prima barata y que el beneficio del gas se genere en otros países.
 
En el país vecino, los anhelos por la industrialización -frente a la exportación– del gas encendió uno de los levantamientos más masivos y desgraciadamente sangrientos de su historia. En 2003 y 2005, las movilizaciones por el gas generaron cambios de gobiernos y de una política energética bajo control de las transnacionales exportadoras. Aunque el proceso nacionalizador iniciado por Evo Morales se quedó por el camino, se manifestó la esperanza del pueblo boliviano en el control y posterior industrialización del gas.

Sin embargo vemos, en base a los proyectos industriales que se esperan implementar en torno al gas de Camisea, que estos básicamente se dedicarán a fabricar urea, amoníaco y nitrato de amonio.
La úrea es un fertilizante químico cuya aplicación masiva en el agro puede aumentar la producción, pero también desestructurar irreversiblemente los suelos agrícolas, contaminar acuíferos, además de potenciar la concentración de tierras y el endeudamiento de los agricultores por los elevados costes que esto implica. Sin duda, los grandes consorcios agro-industriales exportadores podrían estar interesados en este producto en un país donde la tierra es relativamente barata. Por lo que respecta al amoníaco y nitrato de amonio, es más que probable que serán empleados como explosivos para la minería, lo cual, teniendo insumos cercanos y a buen precio, facilitará la ampliación de proyectos mineros en la ya muy castigada cordillera andina.
 

Hay razones para rechazar el Gasoducto

Llegados a este punto, es conveniente ampliar y profundizar el debate sobre la “exportación versus industrialización” para introducir un examen más crítico sobre los usos que se quiere hacer del gas, porque estos no tienen porqué necesariamente beneficiar a la población peruana. No habría que olvidar los intereses de la industria global contaminante por implantarse en estados con bajos niveles de control ambiental, práctica conocida como dumping ambiental.

En los países del Norte, cada vez cuesta más implantar proyectos petroquímicos por el amplio rechazo que esta actividad genera en la población, además de una normativa más estricta. Además de proveer insumos baratos a las mineras, la ubicación de petroquímicas en países como Perú, abarataría la producción por ser más permisivas en cuanto a contaminación y protección de los trabajadores y vecinos se refiere.

Será preciso regresar a la región del Urubamba, una cuenca con millones de hectáreas de bosques tropicales amenazados por la consecución de lotes gasíferos, con miles de familias de diferentes etnias que viven arraigadas a los recursos del río, con pueblos en aislamiento acorralados entre gasoductos, para enfriar la euforia despertada por el boom gasífero. Será entonces necesario recordar, una vez más, que el deterioro de los recursos naturales, las fuentes de agua, de alimento y salud no tiene precio de mercado.

Entonces, en un momento en que en Perú que cada vez más población rechaza a la minería, articular también la crítica hacia los proyectos energéticos que promueven las corporaciones para enquistar el país en tan nocivo modelo extractivista.

* Marc Gavaldà es activista de Alerta Amazónica: http://alertamazonica.wordpress.com y de la Campaña Repsolmata: http://repsolmata.ourproject.org

A %d blogueros les gusta esto: