USA: Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.

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[Video]: Minera Yanacocha (Newmont, Buenaventura y BM) y la contaminación del agua en Cajamarca

No hay experiencia exitosa de monitoreos participativos o exitosos. En el Perú los estados y gobiernos débiles o sumisos lo hacen imposible.

La defensa del agua tiene que ver con no permitir que se desarrolle estos proyectos en las cabeceras de cuenca, sólo así tomaremos agua limpia.

Es buena la información transmitida, buscaremos el documento para ponerlo a disposición de todos ustedes.

Perú: Frentes de defensa de Celendín anuncian movilización a lagunas en zona de Conga

Foto: Raquel Neyra / Servindi
– Serán los días 9 y 24 de noviembre. Entre los acuerdos suscritos en asamblea figura también la construcción de una casa para los denominados ´guardianes de las lagunas`.

Servindi, 25 de octubre, 2013.- Los frentes de defensa de la provincia de Celendín reunidos en el distrito de Huasmín anunciaron el reinicio de las acciones en defensa de sus territorios comprendidos en el área del proyecto minero Conga, en Cajamarca.

Bajo estrictas medidas, ante el temor de la presencia de infiltrados, los más de trescientos pobladores procedentes de 37 caseríos y centros poblados acordaron marchar el próximo 9 de noviembre con destino a las lagunas Azul y El Perol.

Cabe destacar que en esa fecha, en Celendín, se conmemoran dos años del inicio de las acciones en contra del proyecto Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.

Según indicó Nicanor Alvarado, coordinador de Asuntos Internacionales de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), con esta salida se busca echar por tierra las versiones del Gobierno y de la empresa de que el proyecto cuenta con la aprobación de las comunidades.

Posteriormente, el 24 de noviembre, día que coincide con el inicio de un paro de 2011 en esta misma provincia, nuevamente los pobladores se instalarán en las lagunas y cada comunidad cumplirá con un cronograma de guardia.

Local para ´guardianes de las lagunas`

Tal como lo han venido haciendo las rondas campesinas de Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, los ronderos y pobladores de Celendín anunciaron que reunirán un fondo que servirá para financiar la compra de un terreno para los denominados Guardianes de las lagunas.

Como se sabe, en Bambamarca, zona que será también afectada por el proyecto Conga, organizaciones sociales, federaciones y particulares lograron reunir una cantidad importante de dinero que se usará en la compra de un terreno y la construcción de una “Casa Rondera”.

Este terreno -de dos hectáreas- se ubica cerca de una de las lagunas del proyecto minero. La vivienda servirá de morada para los ronderos que a la fecha vienen pernoctando bajo carpas de plástico, soportando las bajas temperaturas de la zona a 4 mil metros sobre el nivel del mar.

A fin de poder contar con una vivienda para los guardianes de las lagunas de Celendín y en cumplimiento de un acuerdo del 23 de setiembre, se pactó el jueves último trabajar en la adquisición de un espacio cerca a una de las lagunas, o bien laguna Azul o El Perol.

Esto permitira a los guardianes continuar con su labor de vigilancia a fin de evitar el posible ingreso de maquinaria de Yanacocha a las lagunas, las mismas que, dentro de los planes de la empresa, deberá quedar sin rastro de agua para facilitar la actividad extractiva.

La asamblea sirvió también para crear el Frente de Defensa de Santa Rosa, así como para programar un encuentro de los Guardianes de Conga y del Marañón los días 6 y 7 de diciembre.

A la cita llegaron representantes de las localidades de Pallac, La Chita, La Victoria, El Progreso, El Porvenir, Huasmín, Sorochuco, Chugur, El Sauce, Quinopampa, Chanipata, Vista Alegre, Santa Rosa alto y bajo, Jeréz, Jadibamba, Valla Laguna Azul, entre otras.

Otra vez el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial


Una vez más el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) van a celebrar sus clásicas reuniones de primavera en Washington.

La capital estadounidense será sede de los debates y las mesas de discusión en las que participarán cientos de funcionarios de todo el mundo y miembros de la sociedad civil, y en las que se reflexionará sobre la crisis y los retos del “desarrollo” en el mundo.

Atrás parecen haber quedado los años en que el FMI estaba al borde de la quiebra, pues no tenía programas suscritos con casi ningún país, a excepción de Turquía. Era la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI cuando este gigante de las finanzas globales estaba a punto de vender sus reservas de oro para pagar su planilla.

Muchos países incluyendo Brasil, Argentina y Rusia le habían pagado sus deudas con las reservas generadas y no querían saber de ninguna asesoría ni programa económico venido del FMI.

Empezaron los debates sobre si el fondo debía desecharse o convertirse solo en una gran base de datos. La reforma parecía inevitable.

De igual modo, el Banco Mundial pasaba por una crisis de legitimidad y sobre su propio rol, mientras que los países del sur empezaban a hablar de regionalización financiera en la que con instrumentos financieros propios y sobretodo sin condicionalidades de política para abrir las economías o destrozar las bancas de fomento por ejemplo, se podía pasar a otro esquema de financiamiento al desarrollo en el mundo. Un país un voto el lema para la construcción de una banca de desarrollo de nuevo tipo.

Es que estas dos organizaciones estaban muy desprestigiadas, especialmente después de la crisis asiática de fines de los noventa y la debacle argentina de principios de siglo tras haber seguido a pie juntillas, todas las recomendaciones del FMI.

Pero luego vino la crisis de las economías desarrolladas, la quiebra de bancos de inversión, los problemas fiscales y de cuentas externas de los países del G7 y otros industrializados, lo que significó un balón de oxígeno para estos paquidermos financieros.

Con nuevas funciones y más recursos pero con el mismo enfoque neoliberal, el FMI y el BM volvieron a ocupar su hegemonía dentro de los organizamos multilaterales. Se volvieron los instrumentos idóneos del G20 para responder a la crisis.

Hasta las economías emergentes hicieron aportes para el “salvataje” del FMI. Sin duda, la crisis global y el empobrecimiento de la clase trabajadora del norte, significaron una bendición para ese par. El FMI sigue pidiendo ajustes presupuestales y reformas estructurales al mejor estilo de los noventa con la consiguiente condena a la miseria de millones de pensionistas y trabajadores. Es el caso de Grecia, España, y varios países más.

Y el Banco Mundial sigue financiando proyectos que violan derechos humanos como es el caso de su brazo financiero la IFC (Corporación Financiera Internacional), que según un informe de un órgano (CAO) del propio BM, no toma en cuenta los impactos sociales ni ambientales que genera con sus financiamientos.

Eso se plasma en proyectos como el de minas Conga en (Cajamarca, Perú), que a pesar de haber generado muertos, paros indefinidos y crisis política, se insiste en su viabilidad. El IFC es accionista de este proyecto.

Asimismo, el IFC financia la empresa Dinant en Honduras, responsable de decenas de muertos por el impacto de su actividad. Pero eso no le importa al Banco Mundial.

Total tanto para él, como para el FMI, la economía no tiene que ver con la gente de a pie. Solo se trata de equilibrar las cuentas así cueste sangre y dar todos los beneficios a la inversión privada.

 
Fuente: Economia Critica –  http://www.latindadd.org/economiacritica/?p=1656

REPORTAJE: Punto Final – Las Tierras de #Yanacocha 27/01/2013

El Banco Mundial se lava las manos frente al mayor problema de Perú

Por: Juan Soria

Los guardianes de las lagunas de Cajamarca, esta semana en Lima, ayer se dirigieron a las oficinas delBanco Mundial – IFC (Corporación Financiera Internacional-miembro del BM); allí dejaron un memorial dirigido al Pdt. del BM Jim Yong Kim, en el cual explican la situación que está pasando su región y solicitan declarar la inviabilidad y el retiro de la maquinaria del Proyecto Minero Conga, por ser perjudicial a su frágil equilibrio medio ambiental, y por ende, también a sus vidas.

A diferencia de la visita hecha a las oficinas de la minera estadounidense Newmont (donde Los Guardianes fueron maltratados y solo pudieron ingresar y dejar el memorial gracias a la intervención del Congresista de la República Rimarachín), esta vez sí fueron recibidos y gentilmente atendidos. Sin embargo, algo que no queda claro fue una respuesta de la representante del IFC – BM “somos socios (con Yanacocha) pero no estamos involucrados en el proyecto Conga” ¿? ¿Se estarán lavando las manos? ¿Se puede ser socio o permanecer con un silencio cómplice cuando es sabido que el asociado es corrupto y hasta está involucrado en crímenes? ¿Es posible que el BM no se haya enterado del proceder de Yanacocha o Newmont? Todo esto me hace recordar a la excusa del fujimorismo “la corrupción lo hizo Montesinos, El Chino no sabía nada”. ¿Ahora entienden lo que logra la impunidad? Genera más corrupción y hasta la aceptación del público escucha.La amabilidad mostrada por las representantes del BM es esperanzadora, pero sabemos que ellas no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la cabeza del BM, lo cual es muy diferente a que esa entidad no esté involucrada con el Proyecto Minero Conga. Las cosas claras por favor, así como el agua natural de Cajamarca. Acá les dejo la visita de los Guardianes de las Lagunas: 

Fuente: Despernado – http://despernado.blogspot.com/2012/11/el-banco-mundial-se-lava-las-manos.html

BANKTRACK – Dodgy Deal: Minas #Conga Mining Project

Sacerdote Garatea irá el miércoles 18 a lagunas de Cajamarca

Recién el miércoles 18 el padre Gastón Garatea y Miguel Cabrejos viajarán a Cajamarca, a la zona de influencia del proyecto minero Conga, para recoger en persona el sentir de la población local. “La visita a las lagunas tiene dos objetivos, uno simbólico, que implica ver personalmente qué es lo que pasa en la zona y, el otro, conversar con la gente de allí y preguntarles qué es lo que piensan sobre el proyecto”, explicó en diálogo con Canal N.
Sacerdote Garatea irá el miércoles 18 a lagunas de Cajamarca 
Garatea detalló que tras una primera etapa como facilitadores, en que se escuchó la postura del gobierno central, de las autoridades de Cajamarca y de los dirigentes sociales, ahora es turno de conocer lo que la gente quiere y desea. Comentó que luego de conocer el sentir de la población cajamarquina cualquier cosa puede pasar, pues pueden tener una postura diferente a lo que dicen sus dirigentes. “Creo que se tiene que andar con pies de plomo, ver lo que está pasando, también hay que ver la participación de la empresa”, declaró.
Fuente: Diario La Primera

¿Como va lo de Conga? Depende de a quien uno escuche…*

El Sábado 23 de Junio el Presidente de la República anunció al país que “Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, lideraremos una nueva relación con las actividades e industrias extractivas”, y que “Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.”

En relación con Cajamarca y Mina Conga, el Presidente Humala recalcó que ya el Gobierno Central ha comprometido inversiones en esa región por 5 mil millones de soles y que “Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la nación del 20 de abril.”

Como se recordará, en esa fecha el Presidente anunció cuatro condiciones para la viabilidad del Proyecto Conga: respetar 2 de las 4 lagunas amenazadas; aumentar por 4 la oferta de agua programada en el EIA; constituir un fondo social; y generar 10 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, en entrevista publicada al día siguiente en La República, RM Palacios entrevista al Ing. Roque Benavides de Mina Buenaventura, socia de Newmont en la Empresa Yanacocha, dueña de Conga. Le pregunta: “¿Ustedes ya mandaron una carta y aceptaron los términos del gobierno luego del peritaje?” La respuesta se puede resumir así: a) sí se incrementará por 4 la oferta de agua contenida en el EIA, b) no se garantizan los 10 mil puestos de trabajo, c) no se garantiza que se respetaran las 2 lagunas, d) ni una palabra sobre el fondo social. Yanacocha estaría pues dispuesta a cumplir plenamente con solamente 1 de las 4 condiciones planteadas por el Presidente a fines de Abril y ratificadas el sábado pasado.

¿Existe realmente un compromiso de Yanacocha (Newmont & Buenaventura) de implementar las 4 recomendaciones planteadas por el Presidente de la República a fines de abril? ¿Anunció el Presidente Humala un acuerdo que realmente no existe? ¿Está Benavides expresando un desacuerdo de Minas Buenaventura con un acuerdo al que Newmont habría llegado con el Gobierno?

La única manera de aclarar este enredo es hacer pública la carta de la Empresa Yanacocha (Newmont y Buenaventura) suscribiendo formalmente las cuatro condiciones establecidas. Si esto no se hace, la población de Cajamarca tendrá una razón más para creer que no es el Presidente sino los empresarios los que definen qué se hace y qué no hace en Cajamarca y el país.

*Por Carlos Monge

Peru’s great transformation

Stephanie Boyd

He promised to make The Great Transformation. This “radical change” would be a “democratic alternative” to neoliberalism, which he blamed for “social inequality, deprivation of natural resources”, and a failure to generate development.

He vowed to listen to farming and indigenous communities.

He said that water was more important than gold.

One year ago, Ollanta Humala, a former army captain, was swept to electoral victory by Peru’s majority poor: the peasant farmers, urban street vendors and Amazonian indigenous peoples.

But once in power, Humala cast off his jeans and blue work shirt, donned a suit and adopted the same neoliberal policies he criticised during his campaign.

His voters were not amused.

Since Humala took office, ten people have died in social conflicts in Peru, more than 120 civilians have been wounded, and states of emergency have been declared in two regions. More than 120 farming leaders and human rights defenders are reportedly under criminal investigation for their alleged involvement in protests against foreign mining companies, including one provincial and one state governor, a priest, and two Catholic Church workers.

The president’s honeymoon with voters ended abruptly in November, when the state of Cajamarca in Peru’s northern Andes declared a strike against a proposed mine. The shutdown paralysed several provinces, with schools and businesses closed and transport routes blocked.

At stake is the $4.8bn Minas Conga project, owned by Newmont Mining of Colorado. It would be the biggest mining investment in Peru’s history, paying $2bn in taxes over the mine’s lifetime. But the project would destroy four sacred lakes, the source of water for an entire farming region.

Humala has taken a hard-line on Conga, insisting it is a project of “national interest” and must go forward. The government says it needs mining revenues to fund development programmes, and has secured a $1.1bn increase in taxes from the industry.

Peruvian groups such as Red Muqui and CONACAMI, a nation-wide coalition of mining communities, say they are not against mining. They want a national zoning plan to designate areas for mining and other industry, agriculture and protected reserves. They’re also demanding a moratorium on mining in watersheds and the use of cyanide in gold mining operations.

Conga, located in a fragile watershed, has become the first major test of Humala’s government, pitting environmentalists against the mining industry, regional politicians against the president, and farmers and indigenous communities against the urban, upper-middle class (who don’t understand why the Technology Gods can’t build artificial lakes to replace real ones, as though natural ecosystems were as easy to create as images on their iPads).

During the strike in November, Humala’s prime minister, Salomon Lerner, a left-leaning businessman, was sent to negotiate. He wasn’t given much time. One day after Lerner initiated talks, the president trumped him by declaring a state of emergency. This meant that civil liberties were suspended and martial law was in effect. At least 28 people were injured during brutal police repression, including a young farmer who was reportedly paralysed by a rubber bullet fired by police.

Lerner resigned, allowing Humala to re-stock his cabinet with a decided shift to the right. The new prime minister, Oscar Valdés, was Humala’s army instructor and reportedly owns a mining concession. Peru’s National Intelligence Service is headed by Victor Gómez, another of the president’s old army buddies and former head of security [Sp] at the Antamina copper mine.

The president’s national security advisor is Adrian Villafuerte, an ex-colonel with alleged ties to Vladimiro Montesinos, the notorious security adviser to former president Alberto Fujimori. Both Fujimori and Montesinos are currently in jail for human rights abuses and corruption.

Humala himself was an army captain during Fujimori’s rule, and had been accused of crimes such as torture and forced disappearances when he was in charge of the Madre Mia military base. The case against Humala was shelved, but human rights groups in Peru are not satisfied and want to see the former captain on trial.

The Conga uprising isn’t the government’s only worry. Humala has faced demonstrations against a proposed hydro-electric plant in the south, uprisings against illegal miners in the jungle region of Madre de Dios and Andahuaylas, and protests against a prison expansion in Arequipa.

In late May, Humala declared his second state of emergency, this time in the southern Andean province of Espinar. On May 21, farming leaders declared a strike to pressure the Tintaya copper mine to negotiate a new social contract. Leaders want improved environmental standards, independent monitoring and increased funds for development projects.

Many Peruvians oppose the Minas Conga project, the biggest mining investment in the country’s history
[Photo courtesy of Grufides]

Thousands of unarmed civilians blocked access routes to the mine, owned by Xstrata of Switzerland. In response, the government sent in hundreds of special police commandos trained in counter-insurgency and anti-terrorism. These heavily armed officers were charged with “subduing” peasant farmers, teachers, lawyers and other urban professionals.

Two civilians were killed (one of them, a school teacher, leaves behind a pregnant widow), two remain hospitalised in a coma, and more than 100 people were wounded. Police allegedly detained 22 people without arrest warrants inside the mine’s compound, including two employees of the human rights office operated by the local Catholic bishop.

After several days in captivity, the detained persons were freed, but many say they suffered torture. Rather than investigating these allegations, judiciary authorities have charged the detainees with crimes related to terrorism.

In an attempt to end the conflict, Oscar Mollohuanca, Espinar’s provincial governor, asked the national government to mediate talks with the mining company. The following day, while Mollohuanca met with local leaders to plan the negotiations, about 50 police commandos reportedly burst into his office in a scene reminiscent of the reality show Cops.

The governor was arrested and imprisoned in Ica, a coastal town 800 kilometres from Espinar. He was sentenced to five months in jail while judicial authorities investigated charges against him related to the strike. Lawyers from Peruvian human rights groups appealed his imprisonment on the grounds that he had not been given a trial and was a prisoner of conscience.

Amnesty International launched a campaign demanding Mollohuanca’s release, and citizens groups across Peru held vigils and protests. On June 13, two weeks after his arrest, Mollohuanca was freed on conditional release. The criminal investigation against the governor continues, however.

The national and international outcry against the human rights abuses in Espinar has brought some positive results in recent days. Peru’s Congress has now formed a commission to investigate possible environmental contamination from the mine, and Xstrata has agreed to negotiate with provincial leaders.

In a public statement, Xstrata “profoundly lamented the acts of violence” in Espinar, and insisted they have always been open to dialogue. The company claims to adhere to all the environmental requirements “established by legislation”, and pledged to “take part in all the environmental studies that may be required”.

But just as the Espinar conflict was beginning to cool, a new strike began in the state of Cajamarca on May 31 to protest against the Conga mining project.

After the 2011 strike, the Peruvian government commissioned an independent review of the company’s environmental study by European auditors. The review recommended several changes to the company’s plan, such as leaving two of the four lakes intact and increasing the amount of water planned for artificial resevoirs.

Newmont defended its original study, saying it had been approved by Peru’s previous government and would provide farming communities with year-round water supplies. Company officials said they were “evaluating” the recommendations, but that if the changes proved too costly, they would “reallocate” their capital to projects in other countries.

Cajamarca’s leaders accuse the company of using scare tactics to force Humala to cave in and allow them to proceed without following the recommendations. In any case, the state governor and a coalition of civil society groups say that preserving two out of four lakes is not enough: they remain firmly opposed to the mine.

Once again, thousands of citizens took to the streets throughout the state in protest.

President Humala vowed to “restore order”. Police repression in Cajamarca over the past two weeks has resulted in more than 60 wounded civilians. Since the conflict began last year, at least 100 protesters have been charged with crimes under tough new legislation. Once-minor offences such as blocking a road have been turned into criminal acts punishable with 20-year prison sentences.

In Cajamarca, about 60 protesters have been wounded by police [GRUFIDES]

Human rights groups say Humala is criminalising social protest, but the president rejects these charges, saying he is merely “defending the rule of law”. The president has also accused protest leaders of being part of a political conspiracy to overthrow his government.

Father Marco Arana, one of the protest leaders, says the government finds it easier to look for scapegoats than “to admit it has a widespread social problem”. According to Peru’s government ombudsman’s office, there are 171 “active social conflicts” across the nation, most centred on mining, petroleum and hydroelectric projects.

Humala also faces opposition from within his own ranks. Last week, four Congress members resigned from the president’s party, accusing him of abandoning election promises.

The president tried to put on a happy face and insisted that the resignations would “strengthen” his congressional block.

Denial aside, it’s clear that Ollanta Humala faces a crisis on several fronts. But with less than a year in office, political analysts say he still has the chance to make amends.

Gustavo Gorriti, a renowned Peruvian journalist, wrote an impassioned letter to the president last week.

“You were elected to be the champion of democracy, and not plutocracy, Mr President,” wrote Gorriti. “There’s still time to adjust your path. I hope you do so. Your success would be a triumph for all of us.”

Stephanie Boyd is a journalist and documentary film maker who has been living and working in Peru for the past 15 years. Her latest film, ‘The Devil Operation’ can be previewed at: www.guarango.org/diablo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/2012614113713713304.html

Rechazo al chantaje de Newmont por el proyecto minero Conga

Califican de “inaceptables” presiones de presidente de Newmont, accionista mayoritaria de proyecto minero. Viceministros iniciaron diálogo en Cajamarca pero enfrentan desconfianza. Señalan que empresas que han hecho daños lamentables deben aceptar condiciones del país. O’Brien, titular de Newmont quiere meter miedo.

La declaración del presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Brien, quien manifestó que si las exigencias ambientales y sociales del gobierno al proyecto Conga hacen insuficiente su rentabilidad, irán a invertir a otros países, fueron calificadas como “chantaje” por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Alianza Parlamentaria.

El titular de Newmont manifestó que “si Conga no puede ser desarrollada de una manera segura, social y ambientalmente responsable, entonces vamos a reasignar ese capital a otros proyectos de desarrollo de nuestro portafolio, incluyendo oportunidades en Nevada, Australia, Ghana e Indonesia”.

O’Brien añadió que “tenemos otras opciones si esto no es favorable”, en referencia al proyecto Conga, impulsado por Yanacocha, cuyo principal accionista es Newmont.

García Belaunde dijo a LA PRIMERA que las declaraciones de O’Brien “fueron muy desafortunadas” y que “no pueden ser aceptadas por los peruanos”. “Ellos no pueden quejarse de un negocio que les va a dejar muchas utilidades, y encima han ganado bastante dinero todos estos años”, agregó.

El parlamentario sostuvo que la reacción del ejecutivo de Newmont “es una actitud de egoísmo y mezquindad”, pues las mejoras sustanciales establecidas por el presidente Ollanta Humala solo exigirán aumentar en 5% la inversión del proyecto Conga, que dará enormes ganancias a la empresa.

También recordó que Newmont contó con el respaldo del exasesor presidencial durante la dictadura Fujimorista, Vladimiro Montesinos, porque “ganó juicios con su apoyo”. “Esta conducta es inaceptable e inadmisible”, añadió.

Busca renegociar

Por su parte, el legislador Javier Diez Canseco, de Gana Perú, indicó que la empresa minera presiona al gobierno para “abrir un mecanismo de renegociación”.

“Esta declaración da cuenta que la empresa busca abrir una negociación sobre lo establecido por el Presidente de la República en relación a los 10 mil empleos que debe generar la minera, el fondo social, y la responsabilidad de trasladar los botaderos a otros puntos”, expresó Diez Canseco. “Esto evidencia que su criterio fundamental es reducir al máximo sus costos y maximizar sus ganancias”, añadió.

A su turno, el experto en temas ambientales José de Echave expresó que las afirmaciones de O’Brien “son mecanismos de presión y advertencia” y que lo que buscan es desarrollar una estrategia “en función de lograr alguna negociación”.

“Es natural que la empresa esté evaluando alternativas; al margen del proyecto Conga, tiene la mirada en diferentes partes del mundo”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental; pero advirtió que “no es tan fácil decir: me voy a otros países”, pues el Perú tiene yacimientos atractivos gracias a su riqueza geológica.

Imperfecciones

Diez Canseco y de Echave coincidieron en señalar que cuando la empresa manifiesta que las modificaciones propuestas al proyecto Conga, luego del peritaje internacional, pueden afectar la rentabilidad del proyecto, es porque reconoce que este tuvo serias imperfecciones al momento de ser aprobado en octubre del 2010, en pleno régimen aprista.

El parlamentario indicó que Newmont “está reconociendo que el proyecto tenía imperfecciones”, y recordó que estas fueron señaladas en su momento por el exministro del Ambiente Ricardo Giesecke, en especial en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Diez Canseco manifestó que el proyecto Conga no ha sido cuestionado de manera arbitraria “sino con razones y fundamentos”, y sostuvo que por esto la empresa “ha tenido que evaluar” su implementación.

Por ello, indicó que “lo más sabio” era la revisión del EIA “con peritos que tuvieran consenso en las partes, y con lineamientos más allá de los que fueron establecidos”. “Todo esto hubiera conducido a una situación más clara”, argumentó, porque lo actuado “aumentó la desconfianza de la población”.

En tanto, Echave indicó que la reacción de Newmont ante las nuevas condiciones “puede ser el preámbulo del reconocimiento de que el proyecto no tiene licencia social y las condiciones ambientales para ser llevado adelante”.

“Ahora nadie defiende el proyecto tal como fue aprobado en octubre del 2010, todos se preguntan cómo es que fue aprobado”, añadió.

Desconfianza

De otro lado, la Comisión Técnica formada por el gobierno central para facilitar el diálogo con las autoridades locales y dirigentes sociales de la región Cajamarca, informaron que el acercamiento tuvo un balance “positivo y prometedor”.

Los viceministros de Agricultura, Juan Rheineck Piccardo; de Minas, Guillermo Shinno, y Gestión Ambiental, Mariano Castro, integrantes de este grupo de trabajo, explicaron que en las reuniones sostenidas lograron establecer informar sobre los hallazgos y recomendaciones del peritaje al EIA del proyecto aurífero.

Tras informar sobre lo que significan las nuevas condiciones derivadas del peritaje y establecidas por el presidente Humala, los viceministros expresaron su confianza en que las actividades económicas y sociales en Cajamarca puedan realizarse sobre un nuevo pacto, que permita resolver los problemas de pobreza de esa región.

Rheineck opinó que la desconfianza de la población de Cajamarca es comprensible, puesto que en el pasado una serie de proyectos mineros no respetaron los acuerdos sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, hechos que generaron daños en la salud de los ciudadanos y perjudicaron las actividades agrícolas.

“Es un compromiso del gobierno hacer bien las cosas, no volver a repetir los errores del pasado y no cometer pasivos ambientales espantosos que se han heredado desde muchos años atrás”, manifestó el viceministro de Agricultura.

Atropellos de Newmont en el mundo

O’Brien sabe que el proyecto es rentable en términos económicos. Pero también que no es viable en términos sociales y ambientales.

Conoce de sobra que no es fácil operar en otros países. En los Estados Unidos están prohibidas las minas de tajo abierto en cabeceras de cuenca y las normas ambientales son más estrictas. En Indonesia, la mina Batu Hijau de la Newmont Nusa Tenggara enfrenta huelgas con los trabajadores que exigen participación en las ganancias. Y la Newmont Ghana Gold Limited ha sido denunciada por daños a los bosques y las personas.

El coronel e ingeniero William Óbice Thompson fundó en 1916 Newmont, que en castellano significa Nueva Montana, aludiendo con este nombre al estado norteamericano de las grandes montañas y llanuras en que nació. En contacto con Woodrow Wilson hizo mucho dinero con sus primeras minas y se movió internacionalmente apoyando a los mencheviques de Kerensky en la revolución rusa. La compañía creció protegida por Roosevelt en los años cuarenta del siglo pasado y se expandió siguiendo a la industria del automóvil aprovisionándola de cobre, y a la construcción vendiéndole cemento. Durante noventa años ha explotado oro, cobre, plata, zinc, litio, uranio, carbón, níquel, petróleo y gas.

Con Yanacocha extrajo sólo en 2010 un millón y medio de onzas de oro que pueden significar mil millones de dólares. Está dejando grandes agujeros en Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Ghana y Perú.

Entre el 2011 y el 2012 los dividendos de sus accionistas se incrementaron en setenta y cinco por ciento y presume que el precio de la onza de oro pasará de mil seiscientos a dos mil dólares.

En octubre de 2009, un escape de cianuro ocurrió en la planta de Ahafo, la mina de Newmont en Ghana. Con la estación de lluvias, la contaminación se propagó causando muerte masiva de peces. La población no fue informada a tiempo de los daños que se producirían. Los líderes de las comunidades Wassa denunciaron a la empresa pero fueron amenazados o arrestados. Los que traspasan los territorios de la empresa pueden caer víctimas de los disparos de las fuerzas de seguridad.

A la Newmont se le ha ocurrido abrir otro gran agujero dentro de la Reserva del Bosque Ajenjua Bepo, en el Distrito Birim North de Ghana. Ocupará una superficie de dos kilómetros y medio de largo por un kilómetro de ancho y creará montañas de desechos de sesenta a cien metros de altura destruyendo setenta y cuatro hectáreas del bosque de la reserva. Quedará afectado el flujo de agua hacía otros ecosistemas y centros urbanos. Sus vertederos de ácido tóxico pueden durar cientos o miles de año. Las partículas de metales pesados dispersadas por el viento se posarán en el suelo o en los lechos de los cursos de agua, integrándose a los tejidos de los peces y otros organismos vivos. Nuevas enfermedades y el recrudecimiento de malaria resultarán de los pozos abiertos y de los charcos de agua estancada en las zanjas que abrirán en la zona.

Si los proyectos del señor O’Brien se llevan a cabo, diez mil pequeños agricultores de las poblaciones de Ntotroso y Kenyasa perderán sus tierras. Miles de personas ya están siendo trasladadas por la fuerza o con promesas de ayuda técnica para una reinstalación. La región produce el treinta por ciento de los alimentos de Ghana.

¿Y ustedes creen que todo el dinero a invertirse es de la empresa? No, es en parte del Banco Mundial, que canta la canción ambientalista mientras prestó el 2006 a la Newmont ciento veinticinco millones de dólares a muy bajos intereses para su proyecto de Ahafo. Eso se llama desarrollo para el Banco Mundial.

¿Queremos ser una republica minera como las bananeras de la United Fruit en la Centroamérica del siglo pasado? ¿Pretendemos vivir las sobras del oro sucio del Señor O’Brien y otros capitalistas? ¿Qué pasará cuando la locura del oro termine? Una economía consistente, respetuosa del ambiente, es lo que necesitamos en vez de parasitar esta burbuja mundial. El Perú no se atreve a discutirlo. www.ecoportal.net

Fuentes: La Primera, Celendín Libre

No a la mina
www.noalamina.org

Conga: No se puede atentar contra el patrimonio nacional

(28/4/12 http://www.siete.pe)

Congresistas pedirán evaluación de los restos arqueológicos al Ministro de Cultura. Presentan moción para que ministros expliquen peritaje sobre minas Conga.

Por: María Teresa García mtgarcia@siete.pe

Pasado el primer oleaje de críticas contra el informe sobre el Proyecto Minas Conga y tras la evaluación del Ministerio de Cultura sobre los 68 restos arqueológicos encontrados en sus predios, los congresistas cierran filas para evitar un crimen contra el patrimonio cultu­ral del Perú. Una moción de orden del día fue presentada para que los ministros implicados en el tema se presenten ante la representa­ción nacional.

Sin precisar la fecha, los titulares de Ener­gía y Minas, Del Ambiente y de Agricultura tendrán que explicar al Congreso los alcances del peritaje presentado la semana pasada. Aunque el documento no implica a las auto­ridades de Cultura, los parlamentarios se han pronunciado respecto al tema arqueológico.

“Al margen de que el proyecto Minas Conga se efectúe o no, se tiene que pre­servar el patrimonio de la na­ción y de ninguna manera se puede permitir que se atente contra el mismo”, dijo a SIETE la congresista Verónika Mendoza Frisch, vicepresidenta de la Comisión de Cul­tura y Patrimonio Cultural.

SIETE reveló, en nuestra anterior publi­cación, que las autoridades se preocuparon por realizar un peritaje que asegure a Ca­jamarca que no sufrirá de escasez de agua si es que se hace realidad el controvertido proyecto Conga, pero se olvidaron de los 68 monumentos arqueológi­cos que yacen alrededor de las lagunas y que, según las propias leyes peruanas, son intocables.

Al querer conocer la opinión de la Comisión de Cultura y Patri­monio Cultura, SIETE buscó al fujimorista Julio Rosas Huaranga, titular del grupo de trabajo pero se excusó diciendo que sus múl­tiples ocupaciones le impedían contestar. La que sí quiso responder y de forma contunden­te fue Mendoza Frisch.

La parlamentaria detalló que, en efecto, el Ministerio de Cultura confirmó la existencia de los referidos restos arqueológicos, pero añadió que los parlamentarios acordaron pedir mayor información de las autoridades competentes, para luego presentarlo ante el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés y así lo considerara dentro de las para que lo tomara en cuanta en el proyecto Conga.

“Tiene que efectuarse una mayor investi­gación para conocer dónde están los restos arqueológicos, la verdadera extensión del área en donde se encuentran, el grado de conservación que tienen, es decir, datos que solo se saben cuando se realizan las exploraciones”, manifestó.

Dijo lamentar que se trata de un tema que no se ha puesto en agenda a su debido tiempo pero no por eso se dejará de considerar, al tratarse de patrimonio cultural, lo cual sig­nifica que no se puede dejar de lado.

“Quizá el proyecto afecte esta zona ar­queológica, pero eso sólo se puede saber con la información que debemos tener para cono­cer su ubicación exacta, lo que nos permitiría saber en qué medidas se afectarían. Pero en cualquier caso, se tiene que determinar la situación de estos restos arqueológicos para resguardarlos”, sostuvo.

Asunto moral

Ángel Neyra, accesitario de la Comisión de Educación y presidente de la Comisión de Producción, sostuvo que hay cuatro situacio­nes que jamás serán negociables: el tema am­biental, la salud pública, la defensa nacional y el patrimonio cultural porque forma parte de la identidad nacional.

A su juicio, haber dejado de lado el tema arqueológico en el caso de Conga, ha sido un craso error debido a que constituiría un delito si los restos de nuestros antepasados han sufrido algún perjuicio.

“Así como en el Código Penal están tipi­ficados los delitos ambientales, también lo están los arqueológicos. El problema es que las autoridades correspondientes no cumplen con su deber y permiten que se vulneren las leyes. En realidad ya no es cuestión de leyes es un tema de capacidad moral y de poner orden”, afirmó el legislador fujimorista.

Puso como ejemplo el caso de “Melchori­ta”, la planta de liquefacción de gas natural ubicada entre Cañete y Chincha, que encon­tró pequeños vestigios de restos arqueológi­cos, pero los trató con mucho cuidado y los remitió a las autoridades correspondientes. “Ni siquiera eran muchos sitios arqueológicos pero la empresa se portó muy bien”.

Si hay minas informales o gran­des minas que han tenido un cuidado ambiental mínimo o nulo es responsabilidad de la autoridad porque no se puede decir que los ministros de Energía y Minas o los viceminis­tros y técnicos son igno­rantes en temas ambien­tales mineros.

“El problema central que ocurre en el tema Conga es la corrupción. En el caso de Cajamar­ca es la politización, ni siquiera es el tema ambiental. Aquellos que se oponen utilizan el reclamo de la gente, no porque quieran res­guardar el medio ambiente, sino para hacer campaña y reelegirse”, sostuvo.

Ministros al Congreso

El pasado 19 de abril, se presentó la mo­ción N°2681 através de la cual se soli­cita la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur; el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal y el ministro de Agricultura, Luis Ginoccio Balcázar, para que expliquen los alcances del Dictamen Pericial Internacional Com­ponente Hídrico del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero Conga.

El documento fue firmado por más de 20 parlamentarios entre los que se encuentra Rosa Mávila (Gana Perú), Ja­vier Diez Canseco (Gana Perú), Javier Velásquez Quesquén (PAP), Luis Lla­tas (Gana Perú), Segundo Tapia (Fuerza 2011), Hernán de la Torre (Gana Perú), Jorge Rimarachín, entre otros más.

En la moción se explica la necesidad de contar con la presencia de dichos mi­nistros debido a que han surgido opinio­nes contradictorias.

“Las sugerencias de los expertos son muchas y consiste en mejorar la disponibilidad del agua, evaluar técnica y económicamente alternativas de reu­bicación o desplazamiento de los des­montes del tajo El Perol para tratar de evitar que recubran a las lagunas Azul y Chilca, estudiar la posibilidad de encap­sular los rechazos de la planta de trata­miento de aguas ácidas en un depó­sito de seguridad y optimizar las condiciones de conservación de los suelos orgánicos procedentes de diferen­tes desmontes, en los depósitos previstos de almacenamiento para la mejor preservación de su banco de semillas”.

La moción fue promo­vida por el parlamentario y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara Amasifuen y está a la espera de ser debatida en el pleno congresal, luego de la culminación de la semana de representación que cumplen los legisladores.

“Ruinas serán aliadas de Conga”

“El único impedimento que tiene actualmente el Proyecto Conga es el de no contar aún con los “Planes de Monitoreo que obliga la ley”

Rarael Varón Gabay.

“Claro, lo que pasa es que son 68 planes de monitoreo, uno por cada resto arqueológico encontrado, número que aumentó conside­rablemente cuando al decreto que aprobaba el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración minera, y que la prohíbe en áreas que constituyan monumentos arqueológicos prehispánicos o coloniales, se le suma el nuevo DS 020-2008-EM.

Este es el Reglamento de In­vestigaciones Arqueológicas, que explica que, por monumentos arqueológicos prehispánicos y coloniales se entiende que son “restos de actividad humana que subsisten en el paisaje, de manera superficial, subyacente o acuáti­ca”, señaló Vaxrón en exclusiva a SIETE.

Pareciera que esto vendría a ser un serio obstáculo para los trabajos que Yanacocha piensa emprender en las zonas mineras, dado tan alto número. Sin embar­go, el viceministro Varón no parece sentirse intranquilo ante algunas críticas a la gestión ministerial, cosa que atribuye más al desco­nocimiento que a la mala fe.

Primeros planes

Primero porque los 68 lugares de importan­cia patrimonial están plenamente verifica­dos, delimitados y, actualmente, el informe final y completo de las zonas se encuentra en plena elaboración, o casi listo, dijo, para co­nocimiento de la comunidad. Pero, además, es posible que no todos los 68 restos sean es­trictamente intangibles, pero eso saldrá a luz en el informe. También ya se ha cumplido con otorgar los Certificados de Inexistencia, que es la reconfirmación de, justamente, la au­sencia de posibles restos de interés histórico.

Por otro lado, se espera también que Yana­cocha entregue su, o sus, Planes de Monitoreo, como manda la ley, según la cual la misma empresa que solicita el permiso, debe con­tratar a un arqueólogo para que, justamente monitoree los avances de las labores. A la vez, la Dirección de Cultura de la Región debe disponer de otro profesional que supervise el Plan de Monitoreo, en general, y el del arqueó­logo contratado por la empresa, en particular.

“El plan de monitoreo en realidad, es una salvaguarda por lo que se podría encontrar durante los trabajos de excavación. No hay que olvidar, que esto se viene estudiando desde la pasada década”. Pero, como digo, estamos en espera de que Yanacocha nos entregue su plan, para evaluarlo y decidir posteriormente.

Puesta en valor

El Oficio 237-2012-DGPC-VMPCIC/MC del Ministerio de Cultura, firmado por la Di­rección General, manifiesta: “El Proyecto Arqueológico Minas Conga ha registrado un total de 68 monumentos arqueológicos, en el ámbito de los distritos de Huasmín y Sorochuco, provincia de Celendín y la En­cañada en la provincia de Caja­marca”, de los cuales 55 sitios han sido delimitados. Y continúa con la recomendación de “verificar el total de monumentos delimitados y con sus respectivos expedien­tes técnicos el estado actual en que se encuentran, las medidas de mitigación adoptadas para la protección de los mismos y de qué manera se podría incluir alguno de los sitios en proyectos de inves­tigación con puesta en valor…..”.

Si bien es cierto, como se ha se­ñalado, la primera parte de los su­geridos está prácticamente a término, la puesta en valor de un patrimonio podría tratarse de una operación aún más delicada y onerosa que la simple enu­meración y descripción, puesto que requiere de un profundo conocimiento del bien, para luego realizar la correcta valoración. Y como no hay pocos en este país, no faltará alguno que levante su voz de protesta e indignación al menor atisbo de incorrección.

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