¿Muy curioso? Las acciones de Gregorio Santos en Majaz se repiten ahora contra Conga

En el 2005, la Policía de Huancabamba lo responsabilizó por la organización y ejecución de los hechos sangrientos contra la empresa minera. Sin embargo, el Poder Judicial lo excluyó del proceso.
Santos acumula una serie de acciones violentas como consecuencia de sus actividades antimineras. (Heiner Aparicio)
Era su modus operandi. Perú21 tuvo acceso a la investigación que realizó la Policía de Huancabamba (Piura) sobre los violentos enfrentamientos contra la exminera Majaz, en el año 2005, por los cuales Gregorio Santos –uno de los principales promotores– fue acusado por cuatro delitos (coacción y secuestro, entre ellos), pero excluido del proceso por el Poder Judicial.
Inexplicablemente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba no tomó en cuenta el protagonismo del ahora presidente regional de Cajamarca en esta asonada antiminera. La misma que fue la antesala de una serie de hechos sangrientos que dejaron el saldo de siete muertos en cinco años.
“El paro antiConga, que ahora lidera Santos, se realiza bajo los mismos lineamientos que utilizó contra la exminera Majaz”, asegura la Policía.
LA HISTORIA SE REPITE
En esa época, según el atestado No 072-2005, Santos era delegado nacional de las Rondas Campesinas y secretario de prensa de las comisión organizadora del I Congreso Nacional de Rondas Campesinas. Para la Policía, “era uno de los que se oponía de manera violenta desde el 2004 a la continuación de los trabajos de exploración de la Compañía Minera Majaz”.
Las acciones que impulsó Santos se radicalizaron desde el 27 de julio de 2005, cuando comenzaron las reuniones de coordinación “para realizar estos hechos punibles y que lindan con el delito, con el único fin de querer llamar la atención de la población”, en una época electoral, sostuvo la Policía de Huancabamba, que agregó que el objetivo de los antimineros que integraba Santos era incitar a la población “para que prosigan con sus medidas de fuerza, por la supuesta contaminación de las aguas del río Blanco, cuando en realidad, por dicha zona, no se observan cultivos y menos ganadería que vengan realizando los comuneros”.
Es más, la minera Majaz y “la Universidad Católica del Perú, ya estaban realizando estudios de investigación con el conocimiento y consentimientos de comuneros”.
De la misma forma –señala la Policía– Gregorio Santos fue uno de los activistas que comenzaron a enviar documentos “de invitación” a los diversos presidentes de las rondas campesinas de Huancabamba para luchar contra la minera.
Incluso, se incluyó como prueba fehaciente en el atestado el oficio N° 009-2005-COINR-C, del 25 de julio 2005, que envió el presidente de la Base de Rondas Campesinas de Guaquillas a Gregorio Santos, pidiéndole su apoyo, con un grupo de 10 a 20 ronderos, para exigir el retiro de minera Majaz.
Lo que también confirma la Policía es que toda esta organización de Santos y sus socios desencadenó el ingreso ilegal de los ronderos al campamento de la compañía que desencadenó una tragedia.
PAGÓ A LOS MEDIOS
En el atestado policial también se consigna que Santos estuvo involucrado en el pago a las emisoras radiales locales para que se lean sus comunicados antiminero. Además, una de sus amenazas era que aquel comunero “que no acuda a las marchas que han programado, serían castigados con latigazos, con una multa de dinero en efectivo y con el despojo de sus lotes de terrenos que tienen en posesión”.
Esta afirmación policial también se desprende de las manifestaciones de algunos intervenidos, que fueron tomadas en presencia del representante del Ministerio Público, lo cual, al no tener otra posibilidad de vida en la zona, tuvieron que acatar. “Es una forma de coacción que vienen realizando contra estos (comuneros), así como que a estos (ronderos antimineros) después les niegan el acceso al agua para sus parcelas”, dice la Policía.
DATOS
– En el caso Majaz, Santos fue acusado por el delito contra la libertad personal (coacción y secuestro) y contra la seguridad, tranquilidad y administración pública.
– En el caso Conga, tiene 17 denuncias en su contra por delitos de función, pero una de ellas es por el uso de recursos públicos para financiar el paro del 9 de noviembre de 2011.
– Este miércoles se definirá si Santos continúa en libertad o es detenido preventivamente mientras dura el proceso por el secuestro y tortura contra Petronila Vargas y el asesinato de Eliseo Vargas en el año 2005.
Fuente: Peru21

Acerca de MI MINA CORRUPTA
Blog PRO-VIDA, Noticias Ambientales, Mineria en Celendín, las empresas mineras Yanacocha y Lumina Copper.

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