Conflictos mineros y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas

Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa
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*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com

Perú: Fuerzas sociales exigen se declare inviabilidad de proyecto Río Blanco

Fuente: Radio Cutivalú

Servindi, 21 de mayo, 2013.- El temor a que el proyecto Río Blanco se ejecute en la región Piura impactando negativamente en el modelo de desarrollo de las comunidades no ha desaparecido y muestra de ello ha sido la reciente movilización de más de dos mil ronderos y comuneros de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Ellos salieron a las calles para demandar al gobierno nacional y regional se declare la inviabilidad del proyecto que cubre la sierra piurana donde se encuentran los frágiles ecosistemas conformados por páramos y bosques de neblinas.

Hasta la capital de la región llegaron miembros de las organizaciones que conforman el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), todos ellos con la consigna de exigir se respeten sus fuentes de agua.
Demandas

A través de un comunicado (ver al final), las organizaciones miembros del FDSFNP recuerdan que los dueños de las tierras donde se piense ejecutar el proyecto son las comunidades campesinas.

Piden, además, respetar la decisión de las comunidades que el año 2002 y 2007, en consulta vecinales, realizadas en Tambogrande, Ayabaca, Pacaipampa y en el Carmen de la Frontera, donde una abrumadora mayoría dijo no a la minería.

Asimismo, exigen al gobierno regional que haga público un pronunciamiento claro y firme respecto de la actividad minera llamada “formal”, así como sobre la ilegal.

Otros puntos también demandados son el vinculado al Ordenamiento Territorial, la suspensión de otorgamientos de concesiones mineras en la región y la aplicación del derecho a la Consulta previa, previa libre e informada de acuerdo al Convenio num. 169 de la OIT.
Presidente regional acoge demanda de las comunidades

Las dudas sobre la posible ejecución del proyecto minero, hoy despejadas de algún modo, se reavivaron luego de que se conociera que el Gobierno Regional, que encabeza Javier Atkins, contemplaba su realización en el marco de las inversiones programadas para el 2013.

Esto a raíz de una publicación del propio gobierno regional de diciembre de 2012.

Es por ello y para dejar claro la posición de la citada autoridad que se desarrolló en la parte final de la marcha una reunión en la que estuvieron presentes representantes de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba y el propio presidente regional.

Atkins Lerggios explicó tras el encuentro que la ejecución del proyecto minero, hoy de capitales chinos, que se respetará la posición que adopten las comunidades, la misma que en dos ocasiones ha ratificado su negativa a la ejecución de Río Blanco.

En presencia de los dirigentes de las comunidades, la autoridad procedió a arrancar la hoja del citado boletín que despertaba el rechazo de la población.

Cabe recordar que Atkins ya había calificado, en más de una entrevista, de “irrealizable” el proyecto Río Blanco Copper debido a la oposición de las comunidades campesinas a cambiar su modelo de desarrollo y por el temor a los posibles impactos ambientales.

A continuación compartimos el pliego de demandas de las organizaciones miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP).

MEMORIAL

POR LA INTANGIBILIDAD DE LAS CUENCAS Y LAS FUENTES DE AGUA DE LA REGIÓN PIURA Y EL RESPETO AL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BASADO EN LA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA, AGROEXPORTACIÓN, GANADERIA Y TURISMO

Las Comunidades y Rondas Campesinas, Municipalidades Provinciales y distritales y otras organizaciones sociales de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba y los distritos de Tambogrande y Pacaipampa, miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, venimos desde nuestras localidades hacia la capital regional, unidos en torno de un ideal común: la defensa y preservación de nuestras fuentes de agua; sin interés político partidario alguno, de manera libre, democrática y pacífica para exigir, al Gobierno Nacional y Regional:

1. La intangibilidad de las cuencas y fuentes de agua de la región Piura, cuyas nacientes se ubican en los ecosistemas de páramos y bosque de neblina en las provincias de Ayabaca y Huancabamba las que se encuentran en riesgo por la actividad minera “formal” y la minería ilegal, las cuales son amparadas por el propio Estado, contraviniendo las decisiones de los propietarios de las tierras que son las Comunidades Campesinas. Para lo cual se requiere la modificación de la Ley de Recursos Hídricos por el Congreso de la República.

2. Se respete la reiterada decisión de nuestros pueblos, que expresaron su voluntad libre y democráticamente tanto el año 2002 como el 2007, en consultas vecinales realizadas en Tambogrande, Ayabaca, Pacaipampa y en el Carmen de la Frontera, donde el 98% y 95% de los votantes, respectivamente, rechazaron la minería, por ser una actividad altamente riesgosas para las fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

3. Se haga público un pronunciamiento claro y firme del Gobierno Regional de Piura, respecto de la actividad minera llamada “formal”, así como sobre la ilegal; más aún, si en su memoria institucional por los 24 primeros meses de gestión, se incluyó como uno de los “proyectos más importantes” de inversión “el proyecto cuprífero Río Blanco”, contraviniendo lo ofrecido en la campaña electoral. Dicho proyecto pretende iniciar todo un distrito minero de 5 tajos abiertos que contaminaría no sólo las provincias de la sierra de Piura, sino los principales valles agrícolas costeros; atentando también, contra los proyectos de irrigación Alto Piura y Olmos (Lambayeque), ya que causaría la disminución y contaminación de las aguas, afectando con ello la economía regional.

4. Al Gobierno Regional, intensifique la protección definitiva e integral de los páramos y bosques de neblina, a través de mecanismos formales de conservación que incluyan a las comunidades, evitando se continúe otorgando concesiones para actividades extractivas en dichas zonas.

5. Asimismo, que se continúe con el proceso de Ordenamiento Territorial, con participación activa de las Comunidades y Rondas Campesinas, a fin de que se definan las políticas regionales del uso de los suelos, que incluyan la protección de las fuentes de agua y ecosistemas frágiles, y se disponga la no realización de actividad minera en dichas zonas, ni en los valles costeros que sostienen la economía regional y garantizan la soberanía alimentaria.

6. Demandamos al Gobierno Nacional Y Regional suspendan el otorgamiento de concesiones mineras en la región y dispongan los tramites respectivos para declarar la nulidad de las concesiones otorgadas desde el 03 de febrero de 1995, por violar el derecho a la consulta previa e informada en el Convenio 169 de la OIT.

7. A las instancias de Gobierno Local, Regional y Nacional, que antes de tomar cualquier decisión legislativa o administrativa que pueda afectar directa o indirectamente los derechos colectivos de nuestras Comunidades Campesinas, apliquen el derecho a la Consulta previa libre e informada, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, vigente en el país desde el 02 de Febrero de 1995.

8. Demandamos a las autoridades del Gobierno Nacional y Regional, particularmente al Ministerio Publico, SUNAT y Policía Nacional dejen de la extremada negligencia en el cumplimiento de su obligación de control, fiscalización y erradicación de toda actividad ilegal, la cual resulta mucha más censurable cuando está de por medio la salud y la vida de la población, como viene sucediendo con el caso de la minería ilegal, la cual va aparejada de la comercialización, transporte y utilización de productos altamente peligrosos para la salud pública como lo son los explosivos, cianuro, mercurio, etc. A la empresa china, minera Rio Blanco Cooper S.A (antes Minera Majaz), le exigimos que respete el acto de administración de justicia, plasmado en el acta del 16 de abril pasado, firmada por su Gerente General, Li Zheng, con la Comunidad Campesina de Yanta y la Central Provincial de Rondas Campesinas con sede Hualcuy, Ayabaca; en la cual, se comprometió que no ingresaran nunca más a nuestros territorios comunales, ni perturbaran nuestra paz y tranquilidad, especialmente de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y de todo el Alto Piura.

9. Asimismo, notificamos a la empresa minera para que no realice ningún acercamiento a las tierras de propiedad comunal, por no tener permiso alguno y ser ilegal por ello, ni tampoco amenace o pretenda sobornar a nuestros dirigentes, pues, cualquier decisión se tomo a nivel de Asamblea Comunal, de acuerdo a la Ley y los Estatutos, y, en las Comunidades, desde el año 2004 hay reiteradas decisiones expresas y firmes rechazando su presencia en la zona.

10. Asimismo, exigimos a otras empresas mineras como Buenaventura en Tambogrande, la cual viene acosando constantemente a la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, cesa en sus pretensiones de dividir a la Comunidad con dadivas y manipulaciones para tratar de conseguir la Licencia Social.

En tanto sea aclarada la postura del Gobierno Regional de Piura esperamos retomar el diálogo que iniciamos con la actual gestión, y con las diversas instancias competentes del Gobierno Nacional, esperando lograr una solución pacífica y definitiva a los conflictos sociales que continúan presentándose en la región desde hace más de 10 años.

Piura, 16 de mayo de 2013

FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ

Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura
Municipalidad Provincial de Ayabaca – Piura
Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio – Cajamarca
Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera – Huancabamba, Piura
Municipalidad Distrital de Pacaipampa – Ayabaca, Piura
Municipalidad Distrital de Tambogrande – Piura
Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba
Comunidad Campesina de Yanta – Ayabaca
Comunidad Campesina de Santa Rosa – Pacaipampa
Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca – FEPROCCA
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba
Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy
Rondas Campesinas del Distrito de El Carmen de la Frontera
Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba
Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tambogrande
Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca
Jóvenes Organizados en Defensa de la Ecología Regional – Ayabaca
Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande

José de Echave: “La ausencia de partidos políticos no ayuda en conflictos socioambientales”

Por Cristian Roca Roggero 

El ex viceministro del Ambiente, José de Echave, señaló que los conflictos socioambientales en el Perú se caracterizan por tener un Estado poco dialogante y con respuestas violentas. Destacó además la inoperancia de los estudios de impacto ambiental, porque no son acumulativos, sino que en una misma zona se desarrollan sobre proyectos aislados.

El especialista en temas ambientales indicó que los conflictos socioambientales se originaron en la década de los noventa, cuando se inició el llamado “boom minero”, que dio lugar a un conjunto de normas que afectaban a las comunidades.

Dijo que entonces “se creó un marco legal que atentaba contra los derechos culturales, económicos, y donde los derechos colectivos se flexibilizaron.”

Asimismo indicó que “la ausencia de partidos políticos impide canalizar el ordenamiento de las demandas de las poblaciones”.

Importancia de luchas en Cajamarca

Destacó que el conflicto en Cajamarca, a raíz del proyecto minero Conga, haya puesto por primera vez el tema del agua como fundamental a la hora de realizar proyectos extractivos.

“Conga puso el tema del agua como algo fundamental. Dónde debe y no debe haber minería”, señaló.
Por último indicó que cada conflicto social debe ser visto de forma independiente y no “homogéneo”.

El ex viceministro del Ambiente dio estas declaraciones con motivo de una ponencia denominada “Hacia una Estrategia post-extractivista y el Buen Vivir, en la Universidad San Marcos, ayer martes.

 

Fuente: Erizo Verde – http://elerizoverde.net/?p=669

Cajamarca: Guardianes de las lagunas de Conga anuncian nuevas movilizaciones

 

Por: Juan Arribasplata

Las diferentes organizaciones que vienen resguardando las lagunas en las inmediaciones del proyecto Conga, han acordado con los diferentes centros poblados de Bambamarca seguir cuidando la zona hasta el mes de octubre. Para ello se ha elaborado un nuevo cronograma de turnos.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Medio Ambiente del centro poblado El Tambo, Eladio Huamán, informó a Noticias SER que en adelante el número de vigilantes se incrementará en cuarenta personas más. “El centro poblado de Hungamarca dará inicio a este nuevo cronograma de salidas a cuidar las lagunas”, dijo.

También informó que vienen coordinando acciones con el Frente de Defensa de Bambamarca, para el día 31 de mayo en que se recordará un año de los fallecidos en el enfrentamiento con la policía. “Haremos una ceremonia especial en la provincia de Hualgayoc”, informó.

Preocupación

El presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendína, Milton Sánchez, dijo que el gobierno regional debe ponerse fuerte para cuidar las lagunas que se están convirtiendo en reservorios. “Lo que dice Roque Benavides, que el reservorio Chailhuagon ya estaría terminado y que luego se pasará a construir otro para llenarlo con agua de la laguna El Perol, significa que el proyecto Conga está ejecutándose”, indicó.

En ese sentido cuestionó que ni el Gobierno Regional de Cajamarca ni el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca viene apoyando la lucha. “En las últimas salidas hacia las lagunas, ya no nos ha acompañado el gobierno regional, ni los funcionarios”. Añadió: “Queremos invocar al presidente regional para que haga una constatación de lo que viene haciendo minera Yanacocha con sus trabajos, porque cuando nosotros salimos a las lagunas la policía viene a reprimirnos”, dijo.

Finalmente Sánchez criticó al presidente regional de Cajamarca. “Parece que no tuviéramos presidente regional. No sólo es salir en los medios y en los programas de Lima, tenemos que tener más convicción. ¿Dónde está el señor Idelso Hernández? Más parece que está construyendo su partido nacional”. Alertó que si la laguna El Perol desaparece la lucha por estos recursos habrá sido en vano.

Dato

El sábado 25 próximo los Frentes de Defensa de Celendín y Bambamarca, en el centro poblado de Jerez, en el distrito de Huasmín -Celendin, se reunirán con la finalidad de tomar acciones e impedir que se afecten las lagunas por parte de minera Yanacocha.

 

Fuente: Noticias SER – http://www.noticiasser.pe/22/05/2013/cajamarca/guardianes-de-las-lagunas-de-conga-anuncian-nuevas-movilizaciones

Peru: Norma que autoriza a FFAA actuar en protestas sociales dejó 7 muertos desde el 2011

Entierro. Joselito Vásquez fue una de las víctimas que dejó la intervención militar en Celendín, en las protestas del 2012

La CIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU mostraron su preocupación por este tema, mientras que el Comité contra la Tortura sugirió su modificación. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.

María Elena Castillo

La República (Jueves, 16 de mayo de 2013)

En sus casi tres años de gobierno, el presidente Humala invocó el Decreto Legislativo 1095 –que permite la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno– en ocho casos de conflicto social, dos de los cuales culminaron con la muerte de siete personas.

Según el listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cinco de los casos estuvieron vinculados a protestas contra Conga, dos a la erradicación de la minería informal y uno fue contra la minera Xstrata, en la provincia cusqueña de Espinar.

Precisamente durante la aplicación del Decreto Legislativo 1095 en las manifestaciones contra el proyecto minero Conga, el 3 y 5 de julio del año pasado fallecieron César Medina Aguilar, José Silva Sánchez, Paulino García Rojas y José Sánchez Huamán.

De acuerdo con los protocolos de necropsia recibieron una bala en la cabeza o en el tórax. Los pobladores de la zona recogieron numerosos casquillos de proyectiles tipo GALIL, que son de uso militar.

En ese operativo también perdió la vida Joselito Vásquez Jumbo, en la localidad de Bambamarca, por una bala disparada por un efectivo policial.

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, señaló que en marzo estos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una muestra de las graves consecuencias que tiene la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales.

Cabe recalcar que el Decreto Legislativo 1095 permite a los tribunales militares decidir si tienen competencia sobre casos de uso excesivo de la fuerza en estados de emergencia, además amplía la definición de “grupo hostil”, usado en el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados, a personas que participen en manifestaciones o protestas sociales.

En esa oportunidad los miembros de la CIDH mostraron su preocupación por el caso peruano, al igual que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuatro meses antes, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sugirió al Perú que considere modificar la norma.

“El Estado ha respondido que el caso está en manos del Tribunal Constitucional, donde hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad”, refirió Pérez.

Precisamente en octubre del año pasado el abogado del Instituto de Defensa Legal, David Lobatón, sustentó cada una de las objeciones presentadas, que alcanzan también al Decreto Legislativo 1094, que reincorpora a la justicia militar una serie de aspectos que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto.

“Han pasado seis meses y aún no han resuelto, mientras tanto el peligro sigue latente”, advirtió Lobatón.

Cajamarca: Miltón Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC) Cajamarca denuncia abusos del que son víctimas los “guardianes de las lagunas”

Link del audio: http://www.ivoox.com/ronda-informativa-indigena-al-17-mayo-de-audios-mp3_rf_2052669_1.html

Conversamos con Miltón Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC) en Cajamar ca, quien denuncia el abuso del que son víctimas los denominados “guardianes de las lagunas” en las áreas donde busca operar el proyecto Conga de Yanacocha.

Peru: Denuncian omisiones en investigación de muertes en protestas contra Conga

Serias omisiones que podrían culminar con el archivamiento de la investigación por la muerte de cuatro pobladores de Celendín durante las protestas contra el proyecto minero Conga en julio del 2012, denunció la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Refirió que, diez meses después, la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, que tiene el caso, presenta graves problemas. Por ejemplo, no se han practicado pruebas de absorción atómica a los policías y militares que participaron en el operativo, no se inmovilizaron las armas para analizarlas ni se realizaron pericias balísticas, tampoco se han incorporado al expediente los protocolos de necropsia de los muertos ni la historia clínica de los heridos.

Pérez agregó que el Ministerio del Interior no ha entregado el plan de operaciones y solo se han presentado dos de los cinco efectivos militares que han sido citados, los que admitieron que el Ejército disparó, aunque solo al aire.

La abogada advirtió además que si en tres meses –cuando venza el plazo de investigación– no se identifica a los responsables, el caso será archivado por falta de pruebas.

Clave Durante el operativo en Celendín, en el que participaron efectivos militares por el Decreto Legislativo 1095, perdieron la vida César Medina Aguilar, José Silva Sánchez, Paulino García Rojas y José Sánchez Huamán.

Fuente: http://www.larepublica.pe/18-05-2013/denuncian-omisiones-en-investigacion-de-muertes-en-protestas-contra-conga

La marcha de los Caxamarcas, documental sobre Proyecto Conga de Minera Yanacocha

En mayo de 2012, el comité unitario de lucha por la defensa de Cajamarca organizó una gira por todas las provincias de la Región, con el objetivo de convocar al paro regional contra del proyecto minero Conga, de Yanacocha, programado para 31 de Mayo del 2012. Esta gira es el motivo principal de “La Marcha de los Caxamarcas”, documental recientemente estrenado en Lima.

El documental acompaña el viaje de los activistas responsables de convocar al Paro contra Conga y recoge las presentaciones públicas de dirigentes como Marco Arana, Idelso Hernández, Milton Sánchez y Edy Benavides. Siguiéndolos por cada localidad, podemos ver “desde adentro” cómo va tomando forma el paro regional, cuál es la relación de las comunidades cajamarquinas con el movimiento rondero y las propuestas antimineras, así como las experiencias de los ciudadanos de esa región con diversas empresas mineras, que han actuado en sus territorios. Como fondo de la narración, se presentan las lagunas que serian afectadas de realizarse la explotación minera promovida por Yanacocha.

Este documento visual fue presentado el pasado viernes 19 de abril en el Centro Cultural del CAFAE, en Lima. Su director, Carlos García, de Monoloco Producciones Audiovisuales, comentó al público que su intención original fue realizar un registro fotográfico de las actividades del Comité de Lucha de Cajamarca, a fin de aportar a la comunicación de sus demandas fuera de la Región, pero “cuando la gente se enteraba que no éramos de televisión ni prensa, nos pedían los acompañemos a sus casas o al campo para ver lo que la minería en general les hacía, con mucho interés en dar testimonios (…) así que decidimos grabar todo en video y ya en Lima, vimos que era posible usar el material para contar cómo es la relación de los cajamarquinos con las mineras”.

García consideró que quienes protestan contra la actividad minera en Cajamarca “no actúan condicionados por lo que los medios limeños hacen o dicen de ellos”, y que se muestran reacios a la prensa capitalina por considerarla desinformada y superficial, al contrario de la actitud frente la prensa local, los periodistas extranjeros o comunicadores independientes que se acercan a conocer sus opiniones. También señaló que durante la preparación del paro existía mucha preocupación respecto a la represión policial, pues por las mismas fechas en las protestas en Espinar (Cusco) se produjo la muerte de dos civiles. Como se recuerda, la actuación policial en el paro contra Conga dejó como saldo la muerte de cinco personas, entre ellas un menor de edad.

A la presentación de “La marcha de los caxamarcas” asistió el dirigente cajamarquino Edy Benavides, del frente de Defensa de la provincia de Cajamarca, quien contó su experiencia durante la grabación, además de comentar que las comunidades y rondas continuan alertas en defensa de las lagunas comprometidas en el polémico proyecto Conga. 

Fuente: La Mula -  http://redaccion.lamula.pe/2013/04/21/estrenan-la-marcha-de-los-caxamarcas-documental-sobre-conga/tecabrera

Celendin: Ronderos de Cortegana Denuncian abuso de empresa AC Energia S.A – Odebrecht

Ronderos del distrito cajamarquino de Cortegana denunciaron abusos por parte de la empresa AC Energía SA, por malas prácticas en la realización del tercer y último taller informativo sobre el proyecto hidroenergético Chadín 2 ocurrido el día martes 30 de abril.

Según indicaron ronderos de la zona, la empresa AC Energía SA realizó el taller con pobladores de otros distritos de la provincia de Celendín los cuales fueron trasladados en camionetas y combis pagadas por la empresa. “Han pagado 20 soles por asistir al evento, incluso algunos promotores de programas sociales han llevado gente con la amenaza de sacarlos de la lista de beneficiarios” señaló uno de los dirigentes.

Actualmente, la empresa AC. Energía SA (de propiedad de la constructora Odebrecht) tiene la concesión temporal del proyecto Chadín 2, que se encuentra en la etapa de Estudio de Factibilidad, para lo cual necesita verificar los detalles técnicos, económicos y ambientales además de cumplir con el proceso informativo a las comunidades que serán afectadas con la construcción de este megaproyecto.

De acuerdo a las denuncias recogidas, el evento realizado en un local de la Municipalidad Distrital de Cortegana, inició a las 9:00 horas, con la presencia de un fuerte contingente policial de aproximadamente 40 efectivos armados, quienes desde el inicio se encargaron de “mantener el orden” entre los asistentes e impidieron el ingreso de los dirigentes ronderos, entre ellos Walter Castañeda, de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.

Asimismo, según detalló Milton Sánchez, dirigente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), la policía evitó el ingreso de los pobladores de la zona, quienes al verse impedidos de participar en el evento empezaron a protestar exigiendo el ingreso de sus dirigentes al taller y la colocación de parlantes en la zona externa del local para poder escuchar la información que brindaba la empresa. “Se formó un cordón policial afuera del local donde se desarrollaba el taller para evitar nuestro ingreso. En determinado momento la policía se dispuso a reprimir a la población, pero con la llegada de un fiscal de la zona, se procedió a firmar un acta en la que se acordó permitir sólo el ingreso de algunos dirigentes”, indicó. Sánchez.

El taller se llevó a cabo con la presencia de 7 representantes de la empresa, un representante del Ministerio de Energía y Minas y un regidor de la Municipalidad de Cortegana, además de 130 participantes de los cuales, según las denuncias, el 70% no pertenecían al distrito. Afuera del local quedaron grupos de pobladores de Cortegana y dirigentes ronderos.

“El evento sólo ha servido para que la empresa informe sobre los beneficios que según ellos traería Chadín 2. No nos han dicho cuales podrían ser los efectos negativos ni han podido responder en dónde se reubicarían las comunidades afectadas. Al finalizar el taller los organizadores han querido que firmemos el acta de asistencia a la fuerza. Nos encerrarnos con candado para que no salgamos sin firmar”, denunció un poblador de Cortegana.

Finalmente, Milton Sánchez indicó que lo sucedido “es un claro ejemplo de cómo no se deben hacer los procesos de consulta sobre los megaproyectos. La empresa está manipulando este proceso informativo y no está respetando al pueblo de Cortegana”.

Chadín 2 es un megaproyecto hidroenergético, que se desarrollaría entre las regiones de Cajamarca y Amazonas con un potencial de 600 MW y un costo total de 819 millones de dólares.

Área de Integración Solidaria
Forum Solidaridad Perú

DOCUMENTO: Respuesta de la PNP a la CNDDHH, Respecto al Caso Chaupe – Proyecto Conga #Yanacocha

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«Oro y agua»: dilemas y giros políticos de Ollanta Humala

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Cajamarca – Celendín: Sorochuco destituye a Gobernador en asamblea pública

Gobernador destituido en el distrito de sorochuco

Este viernes pasado en el Distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, los pobladores de este distrito, destituyeron públicamente al Gobernador Distrital el Sr. Luis Castañeda, que venía desempeñando estas funciones por encargo del Gobernador provincia el Sr. Pedro Zamora, quienes por la mañana habían convocado a una reunión de Tenientes Gobernadores de las comunidades del distrito. La reunión se desarrollaba en el local de la Municipalidad Distrital cuando la población en su conjunto, cansados de los abusos, de la actitud prepotente del Gobernador Distrital, trasladaron la reunión a la Plaza de Armas en donde uno a uno los pobladores disertaron argumentos de porqué la destitución de esta autoridad.

Sorochuco es uno de los distritos directamente impactados por el proyecto Conga de minera Yanacocha, en la zona más alta de este distrito se ubican grandes extensiones de humedales y un conjunto de lagunas entre ellas Laguna El Perol, destinada a convertirse en un tajo abierto. La Ley de Recursos Hídricos y la Ley General del Medio Ambiente en el Perú consideran estos ecosistemas altoandinos con presencia de lagunas, humedales, bofedales, como áreas frágiles y manifiesta de manera expresa, que se debe promover su conservación por la importancia que estas tienen. Sin duda es de importancia para la población pues de allí nacen los principales ríos del distrito y es de donde proviene el agua para los más de 70 sistemas de riego y agua potable para la población y se constituye en la principal fuente de recursos hídricos de la provincia de Celendín. Es en este lugar en donde minera Yanacocha con el aval del Gobierno de Ollanta Humala plantean desarrollar el proyecto minero Conga. La población ha rechazado de diversas formas la implementación de este proyecto minero que destruirá sus nacientes de agua y depositará relaves tóxicos en promedio de 90 mil toneladas al día durante 17 años para extraer oro, cobre y plata, según el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Yanacocha.

Los pobladores sorochuquinos manifestaron su descontento con esta autoridad por haber destituido a los tenientes gobernadores que no están de acuerdo con Ollanta Humala a quienes a su vez ha tildado de terroristas por oponerse al proyecto minero Conga. Los pobladores también denunciaron que los gobernadores distritales y el Sr. Pedro Zamora, Gobernador Provincial de Celendín, vienen utilizando los programas sociales para chantajearlos, diciendo si salen a protestar contra la el proyecto minero van a quitarlos de los programas sociales y a su vez también denunciaron que la intensión es fomentan la división entre las comunidades.